Foto: J.GIL/EPVALÈNCIA (EP). La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha rechazado la idea que contempla Junts de que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' "puedan ser sancionadas" si no vuelven a esta comunidad, al considerar que supone atentar y coaccionar la libertad empresarial: "Es una ocurrencia más dentro de sus exigencias fuera de todo lugar, una amenaza que no va a ir a ningún sitio".
"Me da la impresión de que podemos estar tranquilos, porque las empresas en general se sienten acogidas y bien tratadas en la Comunitat Valenciana por este gobierno", ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si empresas como Caixabank o Banco Sabadell podrían volver a trasladar su sede social a Cataluña ante la propuesta de Junts.
Los de Carles Puigdemont han trasladado este martes que contemplan que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' independentista de 2017 "puedan ser sancionadas" si no retornan, al igual que las que vuelvan o se mantengan en esta comunidad se puedan beneficiar de "incentivos fiscales".
Al respecto, la también consellera de Hacienda ha acusado a Junts de poner "contra las cuerdas" al Gobierno con sus exigencias "fuera de contexto" y hacerlo "de forma egoísta, rompiendo una vez más no solo la igualdad de España, como viene haciendo con la financiación o con la cesión de tributos, sino ahora también atentando y coaccionando la libertad de las empresas". "Las empresas deciden libremente dónde quieren instalarse", ha recalcado.
Respecto a si el Consell va a adoptar alguna iniciativa para evitar retornos de empresas a Cataluña, ha reiterado que desde el cambio de gobierno del año pasado, la Generalitat Valenciana pone "alfombra roja" para las compañías que quieran instalarse en la Comunitat, tanto a nivel fiscal como burocrático.
"No hay ningún plan especial ante la amenaza de Junts porque no va a ir a ningún sitio. Tenemos el firme compromiso de que la Comunitat Valenciana sea cada vez más atractiva para todas las empresas", ha subrayado, y ha explicado que no le consta si ha habido alguna comunicación entre el Consell y las empresas que cambiaron su sede social de Cataluña.
Dicho esto, la consellera portavoz ha querido dejar claro que el Consell no siente "ninguna amenaza" de fugas de empresas a Cataluña porque "aquí son bien acogidas".
La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, también ha rechazado la propuesta de Junts para sancionar a las empresas que se marcharon de Cataluña por las tensiones derivadas del proceso independentistas. "El punitivismo no es una solución", ha aseverado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.
Pero para Micó no hay que sancionar a las empresas por elegir uno u otro sitio para realizar su actividad económica. Más si cabe, ha dicho, si la decisión de marcharse está vinculada con un conflicto político. En su lugar, la diputada valenciana cree oportuno "revehicular" el conflicto político para que no sea la causa de que las empresas trasladen su sede social. Se da la circunstancia de que dos de las grandes entidades que se marcharon de Cataluña por el 'procés' fueron Sabadell y CaixaBank, que precisamente eligieron como nuevo destino Alicante y Valencia, respectivamente.
