VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Justicia tiene inversiones en marcha en infraestructuras por valor de 220 millones de euros, el 87 % correspondientes a la rehabilitación de la sede del TSJCV, cuyas obras durarán tres años, y a la construcción de cuatro edificios judiciales en Alicante, Alzira, Gandia y Llíria.
Así lo ha expuesto la consellera Gabriela Bravo en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes, donde ha detallado que la Valenciana es la comunidad con más edificios sostenibles, que suponen la mitad del total de edificios y un ahorro del 18 % en el consumo.
Bravo ha ofrecido las fechas de conclusión de varias actuaciones como la sede judicial de Gandia (15 millones), que está prevista para septiembre de 2023; el Palacio de Justicia de Llíria, cuyas obras comenzaron hace unos días con una inversión de 15,6 millones y tienen 22 meses de ejecución; las obras de la Ciudad de Justicia de Alicante por 85 millones y los juzgados de Alzira por 19 millones, cuyas obras comenzarán en el último trimestre del año en ambos casos.
También se licitarán en los próximos meses los proyectos de obra y dirección de las sedes de Torrent, Sagunt y Ontinyent; en julio será la ampliación de los juzgados de Dénia por 9 millones; y en septiembre se licitará el proyecto y la dirección de obra de la nueva sede de Xàtiva para convertir el Convento de Santa Clara en un edificio judicial con una inversión de 15 millones.
En cuanto a rehabilitaciones integrales, este año concluirán los juzgados de Vinaròs, y ya se han adjudicado las obras de reforma integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por 28,3 millones de euros, con una ejecución prevista de tres años. Otros 9 millones de euros se destinarán a otras 30 actuaciones menores para mejorar el resto de instalaciones judiciales.
En materia de eficiencia energética, ha asegurado que la Comunitat es la autonomía con más edificios judiciales sostenibles y la única que cuenta con un plan de eficiencia energética, que se puso en marcha en enero de 2018 con un presupuesto de 20,2 millones, de los que se han invertido ya 10,5 millones.
Para este año están previstos 8 millones para 28 actuaciones de iluminación, climatización e instalación de placas solares en 17 sedes.
Bravo ha destacado la intervención en la Ciudad de la Justicia de València, donde se ha instalado la mayor planta fotovoltaica que opera en un edificio público de la Generalitat.
En cuanto a accesibilidad, la Conselleria invierte casi 900.000 euros para eliminar las barreras físicas e invisibles y en 2023 habrán finalizado las reformas de adaptación en 23 edificios y en 2025 habrán concluido en las 33 sedes que contaban con algún tipo de barrera.
Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Judiciales, que nació con una dotación presupuestaria de 213 millones de euros que se han aumentado hasta 271,4 millones: 216,8 millones para construir nuevos edificios o para rehabilitaciones integrales; 22,4 millones para adecuar espacios; 20,2 millones para eficiencia energética; 10 millones para seguridad y mantenimiento; 8,1 millones para adecuación y ampliación de archivos judiciales; y 878.000 euros para garantizar la accesibilidad.
Las ya finalizadas han supuesto una inversión de 22,4 millones, como la adecuación de las dependencias de la Fiscalía de Gandia, los nuevos juzgados de Mislata, la ampliación de la sede de Nules y de Torrevieja y la reordenación de los espacios de los juzgados de Sueca.
En la Ciudad de la Justicia de València se han invertido 26,7 millones desde 2015 para "remontar quince años de abandono que aceleraron su envejecimiento", ha señalado, para añadir que este edificio alberga un centro de seguridad que controla todas las sedes de la Comunitat.
La consellera ha destacado que es necesario que las instalaciones judiciales sean espacios protectores seguros para las víctimas y para que todos los servicios queden integrados en espacios integrales donde reciban la atención necesaria.