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VALÈNCIA (EP). El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas han presentado este jueves el primer informe sobre los profesionales dedicados a la salud pública en España que revela la existencia de una plantilla de 8.583 personas y una alta tasa de ocupación, con el 95,2 por ciento de las plazas cubiertas, aunque con variaciones entre las CCAA.

Sanidad recuerda que este estudio, que recoge datos de finales de 2022, responde a los compromisos adquiridos en la Declaración de Zaragoza, "un acuerdo clave para impulsar una política de recursos humanos coordinada a nivel nacional en este ámbito".

"La pandemia de Covid-19 ha resaltado el valor de nuestro sistema sanitario y de sus profesionales. También, la necesidad de acometer mejoras en las estructuras de salud pública, dotarlas de mayores recursos y capacidades, adaptándolas a las necesidades que plantean los riesgos presentes y futuros para la salud y el bienestar de la población", explica la ministra de Sanidad, Mónica García, en el prólogo del documento.

El documento resalta que la "heterogénea organización" de los servicios de salud pública en las CCAA, con la participación de las consejerías, servicios autonómicos de salud o de organismos autónomos, "dificulta disponer de información fácilmente accesible y actualizada de las plantillas y titulaciones en la administración autonómica". Además, señala que es habitual que el personal dedicado a salud pública ejerza sus funciones en diferentes áreas.

Con los datos recogidos, los 8.583 profesionales están distribuidos en varias áreas de la salud pública: vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades, promoción y educación para la salud, seguridad alimentaria, salud ambiental, salud laboral, laboratorios de salud pública, medicina preventiva en hospitales, entre otras funciones.

El 49 por ciento de las plazas se destinan a seguridad alimentaria, el 14 por ciento a salud ambiental, el 8 por ciento a vigilancia epidemiológica, el 6 por ciento a medicina preventiva en hospitales, el 5 por ciento a prevención de enfermedades y el 4 por ciento a promoción y educación para la salud, mientras que el resto se dedica a otras funciones.

Las titulaciones que ocupan dichas plazas son por orden proporcional descendente: veterinaria (43%), farmacia (19%), medicina (12%), enfermería (10%) y otras profesiones (16%).

Además, se observa que, a excepción de la medicina preventiva, en el resto de las áreas se produce un efecto de economía de escala, es decir, que la ratio de profesionales por 100.000 habitantes disminuye a medida que aumenta el censo o el tamaño de la CCAA. Esta conclusión imposibilita el establecimiento de una ratio común para todas las CCAA, haciendo necesaria una ratio específica para cada una, ajustada a su censo o superficie. El informe proporciona estas ratios ajustadas para facilitar la comparación entre las CCAA.

El informe también destaca la influencia del territorio en ciertas áreas. Mientras que el censo influye significativamente en la ratio de profesionales dedicados a la atención a la comunidad (vigilancia epidemiológica, prevención, promoción de la salud, etc.), la superficie de la CCAA tiene un mayor impacto en seguridad alimentaria y salud ambiental, debido a las funciones de inspección y control oficial que estos profesionales realizan sobre el territorio

Según ha explicado Sanidad, este informe representa "un punto de partida fundamental" para que los gestores sanitarios puedan extraer conclusiones y mejorar la dimensión de las plantillas de profesionales de salud pública. "Si bien no analiza las diferencias entre CCAA por cargas de trabajo, tareas asignadas o recursos de apoyo, sí proporciona una base sólida para la toma de decisiones", añaden desde el Ministerio.

Asimismo, anuncian que el grupo de trabajo encargado de la elaboración del informe continuará actualizando periódicamente estos datos, "garantizando así una monitorización constante de los recursos humanos en el ámbito de la salud pública".