VALÈNCIA (EP). La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha retirado varios tipos de queso fresco de vaca tipo latino/costeño en establecimientos no autorizados, algunos de ellos en la Comunitat Valenciana.
Según ha explicado la AESAN a través de un comunicado, el inicio de las actuaciones se enmarca en una investigación en un establecimiento de Castilla-La Mancha que no tiene número de registro sanitario por haber sido dado de baja anteriormente al haberse encontrado deficiencias importantes.
Tras una inspección en el interior se observó que se encontraba con actividad, por lo que se ha procedido a retirar todo el producto del mercado y a la notificación a través de la red de alerta alimentaria.
Los productos implicados son 'Mi patria Queso Fresco de Vaca Latino' con etiqueta de la bandera de Ecuador, Perú o con etiqueta de color verde y blanca con imagen de una vaca frisona, con un peso aproximado por unidad de 300 gramos y número de lote 2270040, con fecha de caducidad 26/11/2022; 'Queso Fresco La Granja Latina', con etiqueta de color azul y blanca con imagen de una vaca frisona, peso aproximado por unidad de 3000 g 1 Kg, número de lote 2270037 y 2270034 y fecha de caducidad 02/11/2022 y 12/10/2022.
Por último, está afectado 'Mi patria Queso Fresco de Vaca Latino Costeño', con etiqueta de color Amarillo, formato de barra costeño, peso aproximado por unidad de 3 Kg, número de lote 2270041 y fecha de caducidad 10/01/2023.
Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas que tengan en sus hogares los productos indicados anteriormente se abstengan de consumirlos.
Según la información disponible, la distribución inicial de los productos ha sido en Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Baleares y Murcia y no se descarta que haya distribución a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.