Instalaciones de À Punt en Burjassot. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El informe de auditoría financiera de 2021 sobre À Punt elaborado por la Sindicatura de Comptes observa unos importantes incumplimientos de la normativa en la radiotelevisión valenciana. Éstos afectan al contrato programa, el personal y las contrataciones.
Sobre el primero, el documento recuerda en las conclusiones que la ley establece que los objetivos generales y de programación contenidos en el mandato marco se desarrollarán de manera precisa a través de un contrato programa, que tendrá una duración de tres años y que deberá suscribir el Consell y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). El de 2018-2020 finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2020 sin que se haya suscrito uno nuevo, lo que supone un incumplimiento de la norma.
En relación con el personal, la Sindicatura remarca que la CVMC y las organizaciones sindicales más representativas suscribieron en 2017 un acuerdo sobre cuestiones concretas en materia de personal, tanto de la Corporació como de la Sociedad –aquella que aglutina el grueso de los trabajadores–. En él se estipulaba que su eficacia era la propia de los convenios colectivos estatutarios. En su formalización se incumplió la ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017 porque la CVMC no obtuvo el preceptivo informe favorable de las consellerias competentes en materia de Hacienda y sector público. Esta situación determina la nulidad de pleno derecho del citado acuerdo y, recuerda el informe, se mantuvo en los Presupuestos de la Generalitat de 2021.
En diciembre de 2020, la Corporació, la sociedad y las organizaciones sindicales más representativas alcanzaron un preacuerdo de convenio colectivo que fue ratificado por el Consejo Rector ese diciembre. La autorización de la Dirección General de Presupuestos del ejercicio 2017 para la contratación temporal señalaba que los puestos deberán ser provistos con carácter definitivo mediante oferta pública de empleo en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, en la CVMC, comenta la Sindicatura, de la oferta pública de empleo de noviembre de 2019 para la cobertura de 59 puestos solamente se han publicado tres convocatorias, todas ellas en 2021, para la cobertura de 13 puestos de trabajo. Igualmente, indica que no consta la autorización por la Dirección General de Presupuestos de la masa salarial para el ejercicio 2021.
Respecto a la Sociedad, el contenido informativo de la memoria es insuficiente en lo que respecta a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente en 2021, aprobada por el Consejo Rector de la CVMC en febrero del pasado año. La RPT contempla un total de 470 puestos más cinco de alta dirección (el director general y cuatro directivos). A 31 de diciembre estaba cubierta la totalidad de los puestos de trabajo de la plantilla.
Con la excepción de los cinco puestos directivos, los 470 restantes se han contratado de forma provisional mediante bolsas de trabajo temporal convocadas por resoluciones de la presidencia de la CVMC, de acuerdo con lo establecido en la ley. De ellos, 411 puestos (el 87,5%) se han cubierto con personal del antiguo grupo RTVV.
En cuanto a la contratación, el informe hace hincapié en incumplimientos "significativos" de la ley de Contratos, relacionados con la valoración del criterio precio, la estimación del presupuesto base de licitación y el examen de la comisión de estudio y valoración de proyectos.
Por ello, la Sindicatura recomienda que la normativa interna de la cadena contemple una tramitación para el estudio, valoración y aprobación de renovación de programas de contenidos, y que la persona encargada de la producción ejecutiva emita un informe sobre la ejecución y finalización de dichos contratos.
Durante 2021 se formalizaron 200 contratos para la adquisición de contenidos por importe de 20 millones de euros, según el informe.
La Sociedad ha contabilizado en 2021 ingresos propios, por publicidad y otros conceptos, por importe de 2.247.878 euros. El año anterior fueron 1.615.926 euros, de manera que ha habido un aumento significativo. El incremento supone que, a diferencia de en años anteriores, la Sindicatura no apunte a la necesidad de cese de los miembros del Consejo Rector como sí que ocurrió, por ejemplo, en el informe de 2020. De acuerdo con la ley, los consejeros deberán cesar si la liquidación del presupuesto anual de la Corporación determina la existencia de un déficit del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 10% de la compensación otorgada para la prestación del servicio o una disminución de más del 25% de los ingresos propios previstos en su presupuesto anual, salvo causa justificada.
La Sindicatura de Comptes alerta también sobre falta de transparencia en determinados aspectos. Así, hace hincapié en que la CVMC no ha publicado en su página web toda la información mínima requerida por la ley referida a datos estadísticos de contratación e informes de evaluación de políticas públicas.
La auditoría cifra en 25'4 millones de euros la provisión para el pago del IVA de los ejercicios de 2016 a 2021, según los acuerdos alcanzados con la Agencia Tributaria y que según acordaron los partidos del Botànic a través de la ley de presupuestos de la Generalitat para 2022 debe asumir la Administración autonómica.
Por otro lado, el informe refleja que À Punt está demandada en 23 litigios en los que se le reclama el pago de trienios a trabajadores y que a juicio de la dirección de la cadena es probable que prosperen, por lo que se ha establecido una provisión de 169.744 euros para darles cobertura. La Sindicatura señala como salvedad que no ha obtenido información suficiente que le permita determinar si À Punt debiera haber registrado una provisión adicional para la adecuada cobertura contable de esos litigios.
La cadena tiene abiertos además otros cinco pleitos, si bien la dirección cree poco probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales contra la sociedad, mientras que en marzo se celebró un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje Laboral a petición de UGT, en el que no hubo acuerdo, por la situación de 310 trabajadores.
Se trata de trabajadores con una antigüedad superior a tres años en su puesto de trabajo, sobre los que se pide que se les reconozca la condición de fijo, y subsidiariamente la de indefinido no fijo, según recoge en informe
Otros datos que refleja el informe son que las transferencias de capital de la Generalitat a la cadena pública suman 305,9 millones de euros entre 2016 y 2021, y que À Punt presentaba a 31 de diciembre de 2021 un patrimonio neto negativo de 32.038.880 euros (-19.433.513 euros en 2020), como consecuencia de las pérdidas del ejercicio.
