Contratos caducados y escasos controles: Hacienda aflora faltas de València en contratas públicas

VALÈNCIA. La falta de publicidad y de concurrencia competitiva, el fraccionamiento de contratos, la deficiencia en el control de los mismos o la existencia de contratos caducados son las principales irregularidades que cometió el Ayuntamiento de València en los contratos suscritos en 2020. Es la conclusión a la que llega la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) tras un exhaustivo análisis de la materia elaborado durante el año pasado.

El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, solicitó a las intervenciones municipales de los grandes ayuntamientos y diputaciones sendos informes sobre los contratos realizados durante el año de la pandemia para analizar las irregularidades detectadas. Así pues, en cuanto al Ayuntamiento del Cap i Casal, el rankig de deficiencias lo encabeza el excesivo uso de contratos sin concurso, esto es, los contratos menores o comúnmente conocidos como contratos 'a dedo'.

La oficina explica que, como en muchas otras administraciones estudiadas, durante 2020 se detectó posible fraccionamiento de contratos, en el caso de València en hasta el 47% de los contratos menores. Es decir, encargos con finalidades similares o recurrentes que por separado no superaban el umbral fijado en la normativa que obliga a realizar un concurso público. Aquí entrarían también los contratos encadenados, que requerirían también de una licitación. El organismo recuerda que este es "uno de los mayores riesgos en la contratación pública" según los órganos de control externos y constata que es una de las irregularidades de más comunes en las instituciones.

Falta de publicidad y concurrencia

Todo ello junto a la falta de publicidad en los procesos de contratación. La Oficina ha detectado que faltan anuncios completos de contratos públicos así como "información suficiente" en los anuncios realizados, lo cual dificulta la concurrencia de las empresas, la igualdad entre las aspirantes y la transparencia en el proceso de contratación.

Se trata de una deficiencia hallada en casi la mitad de los contratos analizados en el estudio, y que se suma a la falta de concurrencia en contratos sin concurso. En este sentido, cuando se va a hacer un contrato menor -sin licitación-, desde hace varios años el Ayuntamiento de València debe pedir al menos tres ofertas para garantizar una cierta concurrencia y poder comparar presupuestos. Pero en el 36% de los casos analizados o no se pidieron estas ofertas o no se justificó esta falta de concurrencia, según la Oficina.

Pero también se han detectado otro tipo de faltas, como la falta de justificación del contenido y la necesidad de los contratos o del mismo presupuesto (26%). También la falta de concreción en los criterios de adjudicación o la indefinición en las reglas de valoración de las ofertas (26%).

Falta de controles y contratos caducados

Es reseñable también la referencia a la falta de controles en las contratas públicas. Así, la Oficina señala que no resulta "suficientemente acreditado que el contrato se ejecutara con total cumplimiento de las obligaciones contraídas por los respectivos adjudicatarios" en más del 15% de los casos. Esto es, que se desconoce si los contratistas cumplieron estrictamente con el encargo realizado por la administración municipal o no.

Con la misma asiduidad (15%) se ha encontrado la Oficina con contratos caducados: contratos cuya fecha límite vence sin que hayan sido nuevamente adjudicados mediante concurso público, por lo que el servicio continúa prestándose por la concesionaria anterior hasta que haya una nueva, mientras se le paga fuera de contrato. Una irregularidad administrativa que recientemente afeaba la misma intervención al gobierno de la ciudad por haber desembolsado el año pasado fuera de contrato hasta casi 38 millones de euros.

Sin ir más lejos, ha ocurrido por ejemplo con el contrato de pavimentación de calles, adjudicado en 2009 y que tras varias prórrogas caducó en 2021, pero todavía no ha sido adjudicado de nuevo. Ocurrió con la gran contrata de la grúa municipal, adjudicada en 2014 y resuelta por el Ayuntamiento en 2017; desde entonces se presta por la misma empresa fuera de contrato porque el concurso público todavía no ha acabado. O el caso de la ORA, cuya última contratación se hizo en 2006 y el nuevo contrato se paralizó en 2015 por el nuevo gobierno municipal, hasta que en 2021 se volvió a adjudicar: seis años con pagos a la empresa prestataria fuera de contrato.

Así pues, las mencionadas deficiencias se suman a otras detectadas en el Ayuntamiento como el incumplimiento en los plazos de pago (21%), la falta de expedientes en los contratos menores (15%), el incumplimiento en los plazos de ejecución de los contratos sin imponer multas a las empresas (5%) o la prestación de servicios sin un respaldo contractual detrás (5%), lo cual dificulta la fiscalización.