La intervención de València critica pagos millonarios en contratas caducadas

VALÈNCIA. Si el pasado mandato ya había quien en el seno del gobierno municipal de València admitiera que la gestión de las contratas había sido "el principal fracaso" del Ejecutivo de izquierdas constituido en 2015, la intervención municipal vuelve a dar un tirón de orejas. El organismo de control insiste en afear al gobierno municipal que finalizan los plazos de las contratas sin que se haya adjudicado el servicio, lo cual genera impás que obliga a pagar a las compañías prestatarias fuera de contrato y con menor fiscalización del gasto.

Este problema, que ya ha sido puesto de manifiesto en múltiples ocasiones no sólo por la misma intervención sino también por la Agencia Valenciana Antifraude, parece que no acaba de resolverse. Es lo que se traduce del último informen de control interno de la Intervención General del Ayuntamiento, que recoge todas las actuaciones de fiscalización llevadas a cabo el pasado ejercicio, entre las cuales se encuentran por ejemplo la relativa al contrato de pavimentación de calles, que se encuentra en la mencionada situación.

Pavasal fue la adjudicataria de dicho contrato por más de 57 millones de euros en 2009, durante el gobierno municipal del PP de Rita Barberà, y para un período de cuatro años, con hasta cuatro posibles prórrogas de dos ejercicios cada una. El PP lo prorrogó en 2013 y en 2015, y el gobierno dirigido por Joan Ribó, hizo lo propio en 2017 y 2019.

A principios del año pasado venció la contrata sin más posibilidad de prórroga y a día de hoy, el concurso público para adjudicar este trabajo sigue todavía irresoluto. Y eso que Intervención ya avisó en 2020 de la caducidad de la contrata. Pero aun así se le ha hecho tarde al Ayuntamiento y, como en el resto de casos similares, la contratista sigue prestando el servicio y cobrando fuera de contrato.

Por ello el interventor consistorial afea la deficiente gestión de las contratas. "Se debería realizar una planificación temporal de la adjudicación de los nuevos contratos que vayan a sustituir a contratos próximos a su finalización, en función de los plazos reales estimados para su tramitación", subraya el organismo en el informe anual relativo al año pasado.

Pero no es el único caso. De hecho, el órgano interno de control subraya que el año pasado se pagaron 38,6 millones de euros fuera del procedimiento adecuado, de los cuales "la mayor parte del gasto" corresponde a "la prestación de servicios a través de contratos vencidos más allá de sus prórrogas". De ahí que insista en la necesidad de planificar "a medio y largo plazo" los concursos públicos, "especialmente en aquellas contratas de mayor volumen".

"Los Servicios responsables de la elaboración de pliegos contractuales deben de prever con suficiente antelación el momento de elaboración de dichos pliegos y el tiempo de tramitación del expediente de contratación con el fin de evitar contratos finalizados cuya prestación se sigue realizando", insiste la Intervención, que incluso propone usar la figura de la contratación anticipada para evitar estas situaciones, que -en el gobierno municipal siempre defienden- en algunos casos se producen porque los concursos en marcha se retrasan al presentar recursos las empresas aspirantes.

Asfalto, grúa, ORA...

Además del asfaltado de calles, hay grandes contratos en el Ayuntamiento de València conocidos por haber estado en situación de interinidad durante mucho tiempo. Es el caso de la grúa municipal, cuyo servicio lleva más de cuatro años con el contrato caducado y todavía se ultima la adjudicación del nuevo contrato.

La anterior gestión de la grúa se adjudicó a la UTE Pavapark-Auplasa en 2014, con el gobierno del PP al frente del consistorio. La falta de rentabilidad del servicio comprobada posteriormente provocó un conflicto entre el Ayuntamiento y la UTE, que se saldó con compensación económica de 2,5 millones de euros a la empresa por las pérdidas y la resolución del contrato en 2017. Desde entonces la compañía sigue prestando el servicio sin contrato y cobrando al mes una tarifa fija de unos 360.000 euros.

De hecho, la Agencia Antifraude ya criticó la demora en sacar la nueva licitación, y estimó que el dinero que se había pagado fuera de contrato por las sucesivas prórrogas ascendía a más de 8 millones de euros, de los cuales la mensualidad "aleatoria" a la compañía habría supuesto más de 600.000 euros de sobrecoste. Dinero que, bajo su perspectiva, jamás debería haber abandonado las arcas públicas.

Y aunque el contrato se rescindió en 2017, hasta finales de 2019 no se intentó poner en marcha la nueva adjudicación. Dos años a los que después se unirían otros dos más por las dificultades para atraer nuevas empresas. Y es que, el primer intento quedó desierto, por lo que la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Aarón Cano, tuvo que flexibilizar las condiciones en un nuevo concurso de noviembre de 2021, al que solo se ha presentado la compañía Trans-asistencia de la Chica. Todavía no se ha adjudicado.

Otro caso paradigmático que también afectó parcialmente a los pagos del año pasado es el de la ORA. El Ayuntamiento adjudicó en 2006 a Dornier el contrato, que venció en 2013 (cinco años más dos prórrogas). El gobierno municipal del PP sacó el concurso poco antes de las elecciones de 2015, pero la entrada del nuevo ejecutivo local -Compromís, PSPV y València en Comú- truncó el concurso, al considerar el nuevo edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que había que replantear las políticas de movilidad.

Desde 2013 hasta 2021 que se adjudicó el nuevo contrato, el Ayuntamiento de València ha estado pagando religiosamente a la empresa en cuestión, Dornier, una media de 385.000 euros mensuales. Lo que hacía un sumatorio a finales de octubre de 2020 de 30 millones. Pagados todos sin concurso público.