La ex concejala de Acción Cultural, María Oliver. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. "Una gestión pública que ha procedido a fraccionar la actuación integral prevista, fraccionamiento que ha generado la tramitación de dos contratos menores, que el segundo de ellos no fue ejecutado y ha causado un perjuicio directo a las arcas municipales, sin que conste la depuración de las responsabilidades que resulten procedentes". Es el último párrafo del informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude sobre cómo se hicieron las obras de reparación del Teatre El Musical (TEM) desde la concejalía de Acción Cultural de València, dirigida por María Oliver el pasado mandato.
El informe hace un análisis pormenorizado de la contratación de los servicios para reparar la cubierta del TEM, y no deja títere con cabeza. Desde la concejalía de Oliver se requirieron cuatro contratos menores que sumaron 92.000 euros con la finalidad de reparar la cubierta en el teatro. Sobre ellos, la Agencia que dirige Joan Llinares ha detectado numerosas irregularidades de calado.
En la retahíla de consideraciones señaladas se incluyen contactos previos a la contratación entre la administración y los adjudicatarios finales, la posible concertación de precios entre ambas partes, la falta de concurrencia y de un estudio del mercado, el fraccionamiento de las actuaciones y el abono de pagos por actuaciones no realizadas finalmente.
Por una parte, Antifraude asegura en su contundente informe que hubo contactos previos entre la administración y empresas adjudicatarias antes de que se hicieran las contrataciones. Un mes antes de las adjudicaciones, en octubre de 2017, la concejalía envió a la empresa Carratalá Arquitectos un informe de solución técnica para la cubierta en el que se indica que este estudio de arquitectura "está llevando el proyecto", sin que se hubiera realizado todavía ninguna contratación.
En el expediente se constata que los contactos entre el Ayuntamiento y la empresa se mantenían desde hacía un año y que, "pasado un tiempo" desde las primeras conversaciones, la dirección del teatro instó a la compañía a "presupuestar con más detalle el alcance de los trabajos". Un día antes de que se adjudicaran los dos primeros contratos para las obras, ya en noviembre de 2017, uno de los arquitectos de dicho despacho remitió al consistorio la memoria valorada para las actuaciones en la cubierta del teatro.
Aunque Antifraude no ha comprobado vínculo alguno entre el despacho Carratalá Arquitectos con el consistorio, Antifraude insta al Ayuntamiento a explicar por qué el arquitecto participó en reuniones previas a ser contratado con los futuros contratistas -la concejalía de Oliver-.
El Teatre EL MusicalSegún la memoria de Carratalá, el presupuesto de ejecución alcanzaría los 95.500 euros IVA excluido y las obras abarcarían las cubiertas "en toda su extensión", esto es aproximadamente 1.140 metros cuadrados. Antifraude entiende de todo ello que "se requería una actuación integral y total desde el punto de vista técnico". Poco antes de empezar las actuaciones, sin embargo, otra empresa, Impermeabilizaciones Alcamar, remite un presupuesto para la "Fase I" (de lo que se supone que habría más fases), para 622 metros cuadrados de 48.500 euros. Una "disparidad de previsiones" de extensión que resulta "manifiesta" y una "desviación relevante".
Así, finalmente, la memoria valorada de los técnicos municipales para la adjudicación de los primeros contratos menores opta por la segunda opción -la fraccionada- y "posee multitud de similitudes con los documentos redactados por personal externo del Ayuntamiento" sin que se hallen "argumentos técnicos o jurídicos que justifiquen la ejecución parcial". Esto es: se carecía de motivos para fraccionar una actuación que inicialmente se preveía integral. En este sentido, la Agencia cuestiona al Ayuntamiento si tenía conocimiento de la disparidad de metros cuadrados de extensión en la actuación.
Además, la memoria valorada de los técnicos municipales está firmada a mano y no de manera electrónica como el resto del expediente. "Es el único documento que se ha incorporado de esta forma al expediente por un funcionario con la finalidad de convalidar un presupuesto de obra parcial", en el que además se han detectado modificaciones extrañas como saltos de páginas erróneos y "con identidad de documentación realizadas por empresas y técnicos externos".
Prosigue Antifraude señalando que el consistorio dijo que el precio abonado por las obras se ajustaba al mercado cuando, en la práctica, no hubo ninguna comparativa con los precios del mercado. De hecho, en el expediente obra la solicitud de un informe para que se valorara la idoneidad técnica del presupuesto y su ajuste al mercado. Se hizo este informe con la primera parte (idoneidad técnica), pero obviando la segunda. Y finalmente se le adjudicaba el contrato menor sin concurso a Impermeabilizaciones Alcamar por 48.500 euros sin IVA "una vez estudiado el mercado".
Antifraude concluye en este sentido que "la falta o inexistencia de otras ofertas de similares características impide a la administración verificar que el presupuesto presentado pueda considerarse ajustado a precios de mercado". De hecho, preguntado el consistorio por la Agencia, admite que en ningún caso se solicitó un presupuesto adicional, arguyendo que por entonces esta obligación todavía no existía.
Sobre ello, la Agencia deja claro al Ayuntamiento que "obvia que los principios generales de la actuación de la administración pública [...] exigen el respeto del principio de concurrencia competitiva". Y por ello, "se deben dejar trazas en los expedientes administrativos de una mínima diligencia en orden a comprobar por parte de los funcionarios [...] que las valoraciones económicas [...] son adecuadas al mercado".
Además, la Agencia que dirige Llinares pone sobre la mesa la posible concertación de precios entre las empresas y el Ayuntamiento de València, dado que en los expedientes, los presupuestos planteados por la compañía "son plenamente coincidentes" con los presupuestos de las memorias valoradas municipales. De hecho, el informe de Antifraude incluye la comparación entre unos presupuestos y otros y son calcados.
Así, Antifraude no solo constata la falta de concurrencia y de la inexistencia de presupuestos adicionales, sino que hubo unos precios coincidentes que supusieron "la imposibilidad de cualquier licitación a la baja, existiendo indicios documentados de que ha habido concertación previa de precios que ha provocado una situación de colusión en el mercado y falta de competencia".
Así pues, los adjudicatarios de los dos primeros contratos a dedo, celebrados a finales de 2017, fueron Impermeabilizaciones Alcamar -para las obras parciales de reparación de la cubierta, por 48.500 euros-, y Diego Carratalá -para la dirección y coordinación de las obras, por 2.500 euros-. Y en 2018, se adjudicaron otros dos contratos menores: el de las obras de reimpermeabilización también a Alcamar (39.000 euros), y el de la dirección de obra de dicha actuación (2.000 euros). Contratos que fueron recurridos por el Partido Popular por posible fraccionamiento.
Finalmente, fueron extinguidos al notificar los adjudicatarios al consistorio desperfectos en el edificio que impedían cumplir con el contrato. Así, el Ayuntamiento los resolvió no por haber incurrido en fraccionamiento, sino "por imposibilidad material de su ejecución", pero no exigió "ninguna responsabilidad a los técnicos redactores de las memorias valoradas que sirvieron de base para licitar los trabajos que devinieron en inejecutables".
Así, se pagó una indemnización de casi 19.500 y 420 euros respectivamente. Pagos que incluyeron "importes correspondientes a una parte de material no colocado" y que, de hecho, generaron "un debate interno acerca de la inclusión o no dentro de la cuantía a indemnizar". Finalmente sí se hizo, y según ha comprobado la Agencia, se abonaron 7.000 euros a la empresa por materiales no colocados. Materiales que al ser perecederos "tuvieron que ser desechados". Esto, concluye Antifraude, "ha causado un perjuicio directo al erario municipal".
A mayor abundamiento, no puede dejarse de lado que "parte de las cubiertas del Teatro El Musical siguen sin repararse, manteniendo el mismo estad ya constatado en 2016 y desconociendo si se encuentra planificada su reparación". Subraya el informe -al que el Ayuntamiento puede alegar- que "no constan depuradas ni exigidas las responsabilidades que resulten procedentes por los hechos contrastados".
