Si algo está quedando claro ante la crisis del coronavirus es que la economía es cada vez más global, pero la política, en cambio, no. Uno de los principales problemas que se están encontrando el Estado central y las comunidades autónomas cuando tratan de afrontar esta crisis es que la gran mayoría de la producción de material sanitario está radicada en China. Así que han tenido que esperar a que China se recuperase de la crisis, tras hacer acopio de todo el material que necesitaban para su consumo interno, y el "taller del mundo" comenzase de nuevo a fabricar para el exterior. Aun así, la producción no está siendo suficiente para satisfacer la demanda.
Los compradores se están encontrando un escenario caótico en el que resulta muy difícil asegurar la compra del material que se busca. O si no, que se lo digan a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esperaba dos aviones repletos de material sanitario para el martes y en el momento de escribir estas líneas aún no han llegado. O al ministerio de Sanidad, que se ha pasado dos semanas anunciando la llegada de unos tests rápidos que, cuando por fin han llegado, no satisfacían los estándares mínimos de calidad (daban muchos falsos negativos) y ha habido que devolverlos. O a la Generalitat de Cataluña, que a punto estuvo de "hacer una EMT" y caer en una estafa de 35 millones de euros. Ahora mismo, Ximo Puig es el presidente autonómico del momento, porque al menos sus aviones venidos de China aterrizan y contienen material que, en apariencia, funciona.
Para conseguir el ansiado material, el gobierno español ha tenido que cerrar acuerdos que conllevan el pago adelantado de grandes cantidades de dinero (más de 500 millones de €), que suponen asignar cadenas de producción completas al cliente y que, en la práctica, tienen detrás un acuerdo general entre Estados (el español y el chino), sin el cual los acuerdos con empresas no son suficientemente fiables ni de la dimensión necesaria, en estos momentos.
En paralelo, España, como todos los demás países afectados por el coronavirus (que son, a estas alturas, casi todos) está llevando a cabo diversas estrategias que suponen una clara renacionalización de la economía y de las dimensiones en las que nos hemos movido hasta ahora: las empresas españolas de algunos sectores reorientan su producción a desarrollar a toda prisa los materiales que necesitan sanitarios y demás población vulnerable para protegerse, o a fabricar respiradores (y sucedáneos de respiradores que funcionen) a toda velocidad. Casi todos los países cierran sus fronteras. Las instituciones supranacionales se mueven lento y mal.
Es particularmente claro el caso de la Unión Europea, que a estas alturas no ha sido capaz de establecer estrategias comunes prácticamente en ningún aspecto de la crisis. Los chinos se apuntan tantos propagandísticos con sus envíos de material a España e Italia, o los rusos envían una misión de socorro al norte de Italia, mientras descubrimos con estupor que parte del problema de la escasez de material de estos dos países deriva de que las distribuidoras con las que trabajan los hospitales españoles e italianos, radicadas en Francia y Alemania, no pueden distribuir dicho material, pues han sido intervenidas por sus gobiernos nacionales, que quieren, ante todo, asegurar su abastecimiento. Como hizo China en su momento, y como hace ahora también China al decretar el cierre de fronteras: lo primero es lo primero; y lo primero es, ahora mismo, afrontar la crisis del coronavirus en el interior de las fronteras de cada país.
Lo mismo puede decirse de la crisis económica subsiguiente, en la que por ahora ha quedado claro que la UE tampoco es capaz de arbitrar una estrategia común, pues los intereses de los países con economías más expuestas chocan con los de los halcones europeos, con Alemania y Holanda en primer plano (ya veremos cómo está la situación, empero, dentro de unas semanas, si el virus continúa su expansión en estos países con la capacidad de propagación que por desgracia ha mostrado hasta ahora).
En el frente interior, el Estado (la mayoría de los Estados nación) está adoptando medidas extraordinariamente duras, limitadoras de las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos, que están haciendo cumplir con concienciación, pero también con su capacidad coercitiva (a veces totalmente desorbitada e injustificada, como tenemos, desgraciadamente, cada vez más testimonios audiovisuales al respecto). También queda en suspenso parcialmente la descentralización administrativa del país, si bien aquí hay que decir que, en el caso español, el Gobierno dio inicialmente un pretendido golpe en la mesa (centralizar el proceso de toma de decisiones y la distribución de material) que pronto se ha visto como contraproducente: las comunidades autónomas son las que tienen las competencias transferidas, desde hace décadas, y las que mejor pueden gestionar esta crisis.
El Gobierno central puede ejercer su músculo financiero y capacidad de interlocución con otros países y grandes multinacionales para ayudar a las comunidades autónomas a hacer acopio de material, estructuras y personal sanitario: pero esto no puede ser nunca producto de una imposición, como hemos tenido ocasión de ver. Las CCAA, por su parte, deberían intentar coordinarse entre sí y con el Gobierno central para maximizar la eficacia en la respuesta a la crisis sanitaria, que va a ponerse cada vez peor en las próximas semanas, conforme se acumulen enfermos en los hospitales (que a veces tardan un mes en recuperarse) y lleguen nuevas oleadas.
Algunos síntomas son alentadores, como la contratación acelerada de nuevo personal y la cesión de respiradores a la Comunidad de Madrid, la más afectada, por parte de CCAA como Galicia, Extremadura, Murcia y Andalucía, que por ahora no los necesitan, o el ofrecimiento de la Generalitat Valenciana a incorporar pedidos de otras comunidades autónomas en su por ahora exitoso convoy de materiales llegados de China en avión.
Otros síntomas, por supuesto, son mucho más negativos, pero hay que decir que en su mayoría provienen de la lamentable situación de partida: por no realizar las compras con anterioridad a la llegada de la crisis, por el empecinamiento en no confinar los territorios más afectados y reducir la actividad económica al mínimo allí (el caso más claro, pero no el único, es el de la Comunidad de Madrid), por la tardanza en adoptar las medidas de distanciamiento social, nos encontramos en esta situación.
Pero esto ya es irremediable: lo que no lo es, en cambio, es que ahora podamos agilizar la respuesta, aunque sea a toda prisa y con improvisación, y minimizar el daño. Algo que, sin duda, con todos los errores e insuficiencias mencionados y los que están por surgir, se está intentando hacer al menos desde que comenzó el estado de alarma. Hay que tomarse en serio la amenaza que supone este coronavirus, sobre todo para la población más vulnerable, y maximizar los esfuerzos y las decisiones coordinadas, por el bien de todos. Ahora y también en el medio plazo, pues no se puede descartar en absoluto que a la vuelta del verano se produzca una segunda ola de contagios por el coronavirus. Al menos, si es así, estaremos mucho mejor preparados de lo que lo estábamos para afrontar la primera.