Correa pide a Suiza que desbloquee dos millones para reparar el daño causado en los primeros años

VALÈNCIA. (EP) El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, pedirá próximamente al banco suizo en la que posee una cuenta abierta que desbloquee 2,25 millones para hacer frente a la responsabilidad civil a la que previsiblemente será condenado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y reparar así el daño causado entre 1999 y 2005, los primeros años de la trama corrupta que encabezó.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press, que Correa también pedirá que se puedan usar 271.000 euros para resarcir la deuda por los amaños de los contratos públicos para el montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009. Por estos hechos, el considerado 'cabecilla' de la red se encuentra cumpliendo los 13 años de prisión a los que fue condenado y cuya sentencia ha sido recientemente confirmada por el Tribunal Supremo.

Precisamente, en la vista pública que celebraron los magistrados del Tribunal Supremo para revisar los recursos contra la sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, anunció que ya se había solicitado el desbloqueo de dicha cantidad para afrontar la responsabilidad civil de los 11 condenados.

Lo mismo sucede con los 2.252.758,80 euros relativos a los primeros años de actividad de la trama Gürtel, que fueron juzgados en la Audiencia Nacional entre el 4 de octubre de 2016 y el 17 de noviembre de 2017. Unos días antes de que comenzase la vista oral, el empresario pidió a los magistrados poder acceder a la cuenta bancaria que posee en la entidad Credit Suisse, bajo la titularidad de su empresa Golden Chain Properties.

En una providencia el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado acordó librar una comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para que retuviesen dicha suma "a expensas" de lo que se acuerde en la sentencia de ese procedimiento, que están pendiente de conocerse. Este montante se destinará para indemnizar a entidades públicas de Estepona (Málaga), al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), así como un organismo dependiente de este consistorio, al Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Agencia Tributaria, según el escrito que remitió Correa a la Audiencia Nacional en 2016.

Colaboración con la justicia

El abono de estas cantidades se enmarcan dentro de la colaboración con la Justicia que Correa mantiene desde el juicio por la primera época de la trama Gürtel y que continuó durante la última vista oral celebrada por la presunta caja 'b' del PP valenciano. En este último procedimiento, el líder de la Gürtel ha abonado 2,06 millones de euros para poder hacer efectiva la indemnización por la defraudación tributaria cometida por Orange Market, cifra que fue consignada en la cuenta de la Audiencia Nacional el 8 mayo, día que concluyó el mismo.

Con ello, y con declaraciones en las que reconoce los hechos de acusación y revelando datos importantes para la causa, Correa busca que las peticiones de penas de la Anticorrupción, como las condenas sean rebajadas.

De hecho, en el primer juicio las fiscales mantuvieron su petición de pena de 125 años y mes de prisión para el 'cabecilla' de la trama, pero instó al tribunal a tener en cuenta confesiones "relevantes" como el pago de entre el dos y el tres por ciento de comisiones abonadas al PP a cambio de que fuesen beneficiadas en adjudicaciones públicas de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente.

En cuanto al juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunitat durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuyos actos electorales fueron organizados por su empresa Orange Market, Anticorrupción sí contempló una disminución en su petición de pena, que rebaja de 22 años de prisión a siete años y tres meses al aplicar la atenuante de confesión. En este caso, reconoció que era la propia formación política la que le obligó a girar facturas falsas a terceros "si quería cobrar" los servicios prestados.