Corrupción legislativa

Corrupción, en la segunda acepción del diccionario de la RAE, se define como el "deterioro de valores, usos o costumbres". El deterioro de usos y costumbres en el Congreso es cada día más evidente, lo de esta semana es solo un ejemplo. La perversión de los valores era lo que nos faltaba.

Modificar el Código Penal vía enmienda para reducir las penas a determinadas personas con nombres y apellidos condenadas por malversar el dinero de todos los catalanes es un deterioro muy grande de los valores que dicen representar los principales valedores de la ignominia, PSOE y Unidas Podemos, partidos que llegaron al poder con el propósito de regenerar la política.

Cambiar el Código Penal sabiendo que no solo se beneficiarán los corruptos del procés –para los que está hecho el traje a medida–, sino otros malversadores de fondos públicos condenados o procesados, es todo un síntoma de corrupción en el Poder Legislativo español, auspiciado por un presidente del Gobierno que tiene unos principios más volubles que los de Groucho Marx. Y colar ese cambio de una ley orgánica vía enmienda para evitar los preceptivos informes de los órganos consultivos es la guinda de la corrupción de los valores, usos y costumbres de nuestros representantes políticos.

Cada uno tiene sus obsesiones, no se puede estar en todo, y la de un servidor es la lucha contra la corrupción en la tercera acepción de la RAE: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores". Ver a la mayoría de los diputados del Congreso contemporizar con los malversadores es decepcionante.

Según ha dado a entender Pedro Sánchez, rebajar las penas a los corruptos es el precio –uno de los muchos precios– que hay que pagar para que en Cataluña haya la paz que no había en 2017. Un precio, sin duda, mucho mayor que la enmienda de 894 millones de euros para Cataluña que recientemente coló ERC en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. 

Sánchez asume el riesgo de que este apaño para un puñado de políticos catalanes acabe beneficiando a otros políticos condenados o procesados por malversación, entre los que están ex altos cargos de gobiernos del PP, algunos de ellos valencianos. Quién le iba a decir al exministro del Interior Jorge Fernández que, como ha advertido la Fiscalía, se beneficiaría en el caso Kitchen de la magnanimidad de PSOE, Unidas Podemos, ERC y otros para con los corruptos.

El presidente del Gobierno asume el riesgo porque ha visto que la salida de violadores de la cárcel por la ley del 'sí es sí' no ha motivado protestas en la calle, no ha enardecido a las feministas, distraídas en la guerra por la 'ley trans'. Ni siquiera ha tenido que cesar a la responsable política, Irene Montero. Pero puede que se equivoque en sus cálculos porque el regalo a agresores sexuales fue un error grave pero involuntario, mientras que cuando empiecen a salir corruptos de la cárcel no podrá alegar que nadie le avisó o que es cosa de jueces fachas, porque le ha avisado de lo que va a pasar hasta la Fiscalía, que como bien sabe depende del Gobierno.

Mención especial merece la posición de Unidas Podemos, que ha vuelto a sorprender a sus votantes comprándose otro 'chaletazo' mientras mantiene el discurso contra la casta y los corruptos valiéndose de un condenado por defraudar a la Seguridad Social como portavoz que da lecciones de honradez.

Lo más triste de esta degradación moral del legislativo es que ni siquiera hacía falta llegar a eso. Si el objetivo de Sánchez era librar a los condenados del procés de la condena de inhabilitación para que se puedan presentar a las elecciones de 2023, en lugar de matar moscas a cañonazos podía haberlos indultado totalmente y no parcialmente.

Ahora, el PSOE se ha tenido que tragar este sapo del que destacadas figuras socialistas, entre las que desgraciadamente no está Ximo Puig, se han desmarcado. Cabe señalar que Compromís votó en contra de la enmienda de la malversación pero se abstuvo en la votación final –que incluye esa rebaja de condenas– porque sí está de acuerdo con la eliminación del delito de sedición. Baldoví debió mantener el 'no' hasta el final.

Para Sánchez, el fin justifica los medios. El fin es que Cataluña no monte otro procés –¡alma de cántaro!–, y el medio, entre otros, es rebajar condenas a corruptos de toda España. Como dijo el socialista García Page, esto sí que es pasar a la historia.