Cortinas de humo

A quienes defienden la gestión pública de la sanidad valenciana les suelo plantear una cuestión que nadie acierta a responder. Una cuestión de prioridades en la defensa de "lo público". Es la siguiente:

En todos los hospitales públicos valencianos la asistencia es universal, gratuita y de una calidad entre buena y muy buena, con una pequeña proporción de errores que a quién le toque dirá que es un desastre. Los usuarios no distinguen si la gestión del hospital o de un servicio concreto como hemodiálisis es pública o privada. Y si algo no funciona, el paciente o sus familiares tiene la oportunidad de presentar una queja.

En las residencias de ancianos también conviven la gestión pública y la privada, con una diferencia respecto a sanidad: Muchos abuelos están solos, sin familia que los visite y a veces con sus facultades tan deterioradas que ya no pueden ni reclamar. Lo mismo pasa con los niños pequeños en los centros de menores, niños cuyo padre o madre es la Generalitat valenciana porque así lo dispone la ley o un juez.

Los ingresados en un hospital suelen tener familiares a su lado; los de residencias de ancianos o menores, no. Inexplicablemente, quienes batallan por acabar con la gestión privada de la sanidad no tienen entre sus prioridades del Botànic acabar con la gestión privada de las residencias de ancianos y centros de menores. Esa es la cuestión, que queda sin respuesta porque la incoherencia no tiene explicación.

Monteolivete

Mónica Oltra dijo el viernes que todos los centros de menores deberían ser 100% públicos, al tiempo que trataba de justificar lo injustificable: Ha tardado casi dos años en resolver el gravísimo problema —heredado del Consell del PP— del centro de menores de Monteolivete, 100% público. 

Con razón a la frase errare humanum est alguien añadió que más humano es culpar a los demás de nuestros errores

La Oltra de las camisetas habría pedido la inmediata dimisión de la vicepresidenta y consellera, pero como es más fácil buscar culpables que asumir responsabilidades, la ahora número dos del Consell los encuentra por doquier: Cristóbal Montoro, el Consell anterior, el alcalde de l’Eliana (PSPV), la Fiscalía de menores, el PP privatizador —Monteolivete es público, igual que la residencia de Carlet—, la burocracia heredada… Y por lo bajini, el Gobierno de Rajoy por no evitar que se deriven a la Comunitat Valenciana menores inmigrantes que en otras CCAA rechazan, pero eso no lo puede decir en voz alta la vicepresidenta de una comunidad de acogida como la nuestra.

Es de agradecer que no haya culpado —todavía— a los medios de comunicación por alarmar a la población con sus cortinas de humo. Culpar del actual "abandono" de los centros de menores a quienes ya no gobiernan en el Consell desde hace dos años suena a broma. El abandono, desde julio de 2015, es el del actual Consell. "Aquí todos sabían lo que estaba pasando", se defiende la responsable de evitar lo que estaba pasando. Con razón a la frase errare humanum est alguien añadió que más humano es culpar a los demás de nuestros errores.

Oltra, desbordada, dice que no hay dinero por culpa de Montoro, pero sí que hay dinero. En la cuenta bancaria de la CVMC se quedaron el año pasado 26,5 millones de euros sin gastar. Un dinero que, como denuncié aquí, la nueva televisión pública no devolvió a la Generalitat como es preceptivo gracias a una enmienda del tripartito que evitó, con el voto de Oltra, que esos millones se destinasen, por ejemplo, a los centros de menores. Y en el banco siguen.

El papel de la Generalitat

La consellera anuncia ahora medidas dirigidas a mejorar la atención a menores que esperemos que no sean solo más humo para tapar lo de Monteolivete. Medidas que debió poner en marcha al llegar en 2015 y que con suerte veremos en 2018. Se trata de un "nuevo modelo" de acogimiento familiar que incluye un nuevo concurso para concertar con entidades privadas, con más dinero y más personal por niño. Y más inspectores.

Oltra aboga por la gestión 100% pública pero renueva y amplía los conciertos con la iniciativa privada, con cláusulas, eso sí, que favorecen a las fundaciones frente a las mercantiles porque el ánimo de lucro lo considera pernicioso. Curiosamente, casi todos los centros de menores en los que la inspección ha detectado problemas son 100% públicos o están gestionados por entidades sin ánimo de lucro.

El papel de la Generalitat una vez puestos los medios para prestar los servicios esenciales es controlar que están funcionando

El ánimo de lucro lo tienen las personas, no las empresas, está en la naturaleza humana y sin él probablemente no habría guerras pero tampoco evolucionaría el mundo. En cualquier caso no es una opción, está en las personas. Y las personas están en las empresas, pero también en las fundaciones y en la administración pública. Se atrevió a insinuar Oltra que las Hermanas Terciarias Capuchinas, gestoras del centro de Segorbe, habían desviado a otros fines el dinero que reciben de la Generalitat. Concretamente a arreglar la zona donde viven la monjas. Es posible. Investigue, pida facturas. Inspeccione los 64 centros que no ha inspeccionado en estos dos años y seguro que encuentra algún responsable con excesivo ánimo de lucro, no necesariamente en la privada, también entre los funcionarios.

Enlazando con el inicio de esta columna, la Generalitat tiene la obligación de dar unas prestaciones esenciales de sanidad, educación y servicios sociales que no se entienden sin una adecuada inspección. El papel de la Generalitat una vez puestos los medios para prestar esos servicios es controlar que están funcionando adecuadamente, tanto si son de gestión 100% pública como si lo gestionan entidades privadas. Eso es lo que ha fallado durante los gobiernos del PP y continúa fallando, por lo que se ve, en el departamento que dirige Oltra. La falta de control es el caldo de cultivo del exacerbado ánimo de lucro, del escaqueo laboral o, simplemente, de la ineficiencia. En resumen, de lo que "todos sabían" que estaba pasando.

El callejero de València

La depuración del callejero de València ha conllevado la inevitable controversia, como en las alineaciones de fútbol, que cada uno tiene la suya, pero aquí a lo grande, con 102 nombres, 51 salientes y otros tantos nuevos, más las ausencias clamorosas, como la de Pere Maria Orts, felizmente corregida, o la de Carceller, que denunciaba Antonio Laguna en un artículo publicado en Valencia Plaza.

En mi humilde opinión de vecino del Cap i casal, son redundantes las calles dedicadas a la Cultura, a la Literatura, a la Poesía, a la Música, al Cine y a la Fotografía, indicativas de que la comisión encargada de la nomenclatura tienen esos gustos antes que los de la Narrativa, el Teatro, la Ópera, la Danza o la Escultura. Y eso que escultores no faltan en el callejero, que con los dos nuevos ya son 24 las calles y plazas dedicadas a artistas de esta disciplina. 

Cultura, ciencia y algo de política del lado de los que ahora mandan se llevan los honores en una lista con cierta discriminación positiva hacia las mujeres —solo así se explica la presencia de Virginia Woolf—, mientras prebostes de la economía siguen sin merecer un rótulo a pesar de su contribución al progreso. Será porque tenían ánimo de lucro. El último se lo puso Rita Barberá a José Melia, fundador del grupo hotelero que lleva su apellido, y no faltaron las críticas. Joaquín Maldonado Almenar, por ejemplo, merecería ese reconocimiento. 

Por añadir otra sugerencia, a las también generalistas nuevas calles de la Ilustración, la Solidaridad y la Democracia añadiría una calle o plaza dedicada a la Libertad de Expresión, siempre amenazada cuando no cercenada.