Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Les Corts Valencianes convalidaron este jueves con los votos a favor de PSPV, Compromís, Unides Podem, PP y Ciudadanos el decreto ley del Consell por el que la Generalitat dará ayudas de 5 millones de euros a los hoteles de la Comunitat para afrontar el programa del Imserso. Un programa de subvenciones con el que el Botànic pretendía apoyar al sector turístico y hacer rentable este programa, pero sobre el que el Gobierno central puso la lupa hace un mes al considerar que la norma podría entrar en colisión con competencias estatales y generar una competencia desleal entre empresas.
El decreto en cuestión que ahora ha convalidado el Parlamento valenciano regula una ayuda directa a aquellas empresas hoteleras que oferten plazas del Imserso para paliar el aumento de precios generado por la inflación debido a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas ayudas consisten en 6 euros por habitación contratada al día hasta el límite de 900 euros por habitación. Los destinatarios serán los hoteles inscritos en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana que participen en los Programas de Turismo del Imserso desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2022 y que así lo soliciten.
Las ayudas, que se otorgarán por concesión directa por parte del departamento que gestiona Francesc Colomer, generaron cierto recelo entre Compromís porque consideraban que los socialistas estaban otorgando demasiados beneficios al sector turístico. Pero la cosa fue más allá, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra (Podemos) también mostró dudas legales sobre el citado texto. En concreto, según pudo saber este diario, la Comisión de Valores del citado Ministerio trasladó sus dudas sobre estas ayudas diseñadas por Presidencia de la Generalitat por varios motivos, pero principalmente porque su aplicación podría derivar en una competencia desleal entre las distintas empresas del sector.
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Unas dudas que entonces eran incipientes -el decreto acababa de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)-, pero que ahora, pasado un mes, ya comienzan a ser consistentes. De hecho, no descartan plantear una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para descafeinar el decreto y auguran, además, que esta podría ser "conflictiva". Una circunstancia que diferiría por completo de lo que suelen ser este tipo de comisiones, donde las diferencias suelen ser más técnicas que de fondo y en las que finalmente las partes encuentran un acuerdo sobre el contenido de las leyes que resultan problemáticas.
El dilema es el siguiente: el Gobierno central congeló los precios del Imserso y convocó 816.029 plazas para participar en el programa de turismo para mayores que se desarrollarán entre los meses de octubre de 2022 y junio de 2023. Los precios oscilarían entre los 455 euros para las estancias de 10 días en zonas de costa peninsular e islas y 115 euros para los viajes de cuatro días en capitales de provincia.
Con ese precio, las empresas turísticas decidieron si el margen de beneficio que les quedaba les interesaba o no y si les valía la pena optar a hacerse con un paquete de plazas o si por el contrario era preferible no presentarse porque el lucro que obtendrían sería bajo.
El panorama, sin embargo, cambia para las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana, dado que con la ayuda extraordinaria ideada por la Generalitat se compensa la congelación de precios actual, pues el beneficio que obtendrán por habitación aumentará en 6 euros. Un cambio de 'las reglas del juego' a posteriori que podría derivar en una competencia desleal entre las empresas, dado que aquellas que decidieron no presentarse porque no les resultaba rentable, probablemente ahora decidirían hacerlo al ver incrementada su ganancia.
La situación generó un fuerte malestar en compañías del sector que no tienen posibilidad de optar para verse beneficiadas -como por ejemplo las agencias de viajes- y hay quien opina que no se puede "dopar" a unos hoteles adscritos a un programa. Con todo este escenario, las fuentes del Ejecutivo central consideran que el decreto directamente podría chocar con dos leyes: la de precios y la de contratos públicos. El problema es que la forma de otorgar las subvenciones supone que se revisen o fijen precios –algo que no puede hacer el Consell– y una vulneración de la igualdad y libre concurrencia de las empresas a la hora de aspirar a las ayudas.
El texto incurre en diversos errores porque es la administración central la que cuenta con las competencias del Imserso. Por ejemplo, que las subvenciones recibidas por el beneficiario tendrán carácter finalista o que el incremento de los costes derivados de la guerra de Ucrania no puedan ser repercutidos en el precio a cobrar a las personas usuarias del programa. Algo que no puede ocurrir puesto que los usuarios del Imserso no son los que pagan directamente los hoteles.
El decreto es susceptible de acabar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en última instancia podría anularlo puesto que entra en su ámbito de actuación y se dedica precisamente a garantizar una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.
Ahora bien, a pesar de las dudas que ha despertado en el Gobierno central y la posibilidad de que este termine planteando una comisión bilateral -algo que parece que se hará más pronto que tarde-, los plazos con los que cuenta el Gobierno valenciano podrían sortear las trabas que el Ejecutivo pudiera ponerle.
El Ministerio de Derechos Sociales tiene hasta tres meses para plantear la citada comisión bilateral -ahora ya dos-, que a continuación sería constituida. Una vez se iniciaran los trabajos, pueden alcanzar –o no– un acuerdo durante los siguientes seis meses. Sumados todos estos tiempos, Presidencia cree que llegan a los comicios.
