VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude que desde el pasado mes de julio dirige Eduardo Beut tendrá difícil acogerse al código ético de Les Corts porque es un documento que no existe ni tampoco se está trabajando en él, en contra de lo que afirmó Beut cuando decidió fulminar el Código ético de Antifraude. Así lo confirman tanto fuentes de la Mesa del Parlamento valenciano como fuentes del departamento jurídico de la Cámara que preside Llanos Massó a preguntas de este diario.
La cuestión es significativa. El pasado 23 de septiembre, el ahora máximo responsable de Antifraude decidió derogar el código ético del ente que, entre otras muchas cuestiones, regulaba el registro de obsequios de cortesía a los miembros de la Agencia, definía el funcionamiento del buzón interno de denuncias o creaba un Comité de Ética, que se dedicaba a "atender denuncias internas, resolver controversias o velar por la adecuada aplicación" de las normas.
En su lugar, Beut trasladó a los sindicatos que pasarían a adherirse al código ético de Les Corts -institución a la que está adscrita la Agencia-, ya que, según él, estaba en fase de elaboración, y así lo plasmó en el apartado dos de la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenicana (DOGV) el pasado lunes: "Iniciar los trámites para la adhesión al código ético o de conducta que se está elaborando por las Corts Valencianes, una vez el mismo sea aprobado, habida cuenta de la adscripción de la Agencia a las Corts".
Sin embargo, fuentes parlamentarias y jurídicas de la Cámara desmienten que esto sea así. Durante la primera legislatura del gobierno valenciano conformado por PSPV y Compromís, con Enric Morera al frente de la institución, los grupos reclamaron que Les Corts validaran un código ético propio. En aquel momento -hace ya ocho años- se inició la redacción de un borrador que, dos legislaturas después, sigue en un cajón sin que nadie esté trabajando en él.
Aquel primer documento que comenzaron a redactar los servicios jurídicos quedó varado en la primera fase: cuando se tuvo que poner en común el contenido e incorporar aportaciones, el proyecto quedó sobre la mesa. Y a día de hoy, sigue guardado en un cajón sin que haya intención de desbloquearlo. Según admiten fuentes consultadas por este diario, es una cuestión sobre la que no están trabajando los letrados de la Cámara -a quienes corresponde su redacción- y "tampoco se va a resolver de forma inminente ni a corto plazo por la situación de Antifraude". A pesar de que, precisamente, la crisis interna en el órgano dirigido por Beut haya hecho saltar la liebre y destapado que la Cámara sigue sin código ético a estas alturas.
"A nadie le interesa que esto salga", advertían otras fuentes jurídicas de Les Corts a Valencia Plaza. No en vano, supondría que todos los empleados del parlamento pasarían a tener normas de régimen de funcionamiento interno estrictas, con un régimen de sanciones incluido. Es decir, más obligaciones a las que atender.
La coyuntura, más allá de poner en evidencia que la segunda institución más importante de la Comunitat Valenciana no tiene código ético, desmiente al director de Antifraude y deja a sus trabajadores sin un código ético que cumplir, a pesar de que ya tenían uno propio que costó muchos meses elaborar en un proceso en el que participaron los trabajadores de la Agencia.
Según la resolución publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenicana (DOGV), "si en el plazo de seis meses no se hubiera aprobado y publicado el correspondiente código ético por el parlamento autonómico, se iniciará la tramitación de un nuevo documento por parte de la agencia o la adhesión, en su caso, al código ético de otra institución pública", en referencia, según Antifraude, a instituciones como la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu.
En este punto, los grupos parlamentarios de la oposición y en particular Compromís, señalan el "absurdo" que supone haber derogado un código ético en vigor para acogerse a otro que no existe y que, a la postre, acabará con la Agencia teniendo que elaborar de nuevo un código propio. Por lo que ponen en tela de juicio si la intención final de la actual dirección no era tener vía libre para redactar un nuevo documento que incluyera menos exigencias e incompatibilidades que el anterior aprobado durante la etapa de Joan Llinares.
Cabe apuntar que, aunque el compromiso real sobre el papel es fijar un límite temporal de seis meses para tener de nuevo un código ético que rija la entidad, lo cierto es que el documento ahora derogado costó un año de redactar. Comenzó en julio de 2021 y los trabajos culminaron en febrero de 2022. Además, el Comité de Ética no comenzó a operar hasta septiembre de ese mismo año.
Esto quiere decir que, si Les Corts no validan un documento en los próximos seis meses y la Agencia Antifraude acaba optando por elaborar uno nuevo, podría darse la situación de que el citado texto no estuviera en vigor hasta dentro de dos años. Por lo que los funcionarios del ente estarían durante dos ejercicios sin esa exigente normativa interna de funcionamiento.
Por el contrario, sí contarían a priori con más derechos, dado que la reciente reforma de la ley de Antifraude contempla una homologación en las retribuciones de los empleados públicos del organismo -la mayoría funcionarios procedentes de la Administración de la Generalitat- respecto a los funcionarios de Les Corts, que cuentan con mayores salarios y ventajas retributivas. Una tarea en la que sí hay intención de trabajar en el corto plazo.