Eduardo Beut, director de la Agencia Antifraude. Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. El nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, decidió hace diez días derogar el código ético del órgano que dirige y que regulaba el Comité de Ética después de conocer que el citado comité estaba investigando denuncias que, de confirmarse, supondrían una "grave infracción" del citado Código. Así lo afirma la expresidenta del Comité, María Luisa Cuerda, en un escrito dirigido a Les Corts Valencianes y del que la Mesa de la institución tuvo conocimiento el pasado viernes.
Según relata en el escrito, adelantado por Levante EMV y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, como presidenta, Cuerda solicitó una reunión al actual director el pasado 12 de septiembre con la intención de "intercambiar impresiones", dado que había sido nombrado en julio, tras la salida de Joan Llinares, y todavía no habían tenido la oportunidad de mantener un encuentro. De esa manera, también podrían abordar en esa cita la continuidad o no de los integrantes del Comité de Ética.
Sus miembros, que accedieron al órgano en 2022 y cuyo mandato era de cuatro años, eran, además de María Luisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal en la Universitat Jaume I de Castelló y exmagistrada, el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, el abogado, historiador y periodista Antonio Penadés y como secretaria, una funcionaria de la Agencia elegida mediante votación por el personal de Antifraude.
Ante la falta de respuesta a esta petición, el Comité decidió mantener su reunión ordinaria mensual. ¿El motivo? Según Cuerda, no podían posponerla más en el tiempo porque habían recibido diferentes denuncias que suponían, "de ser ciertas, una grave infracción del Código ético", y por tanto era imperioso ponerse a estudiarlas. Así, la reunión de los cuatro miembros del Comité tuvo lugar el 18 de septiembre y la presidenta procedió a informar a Beut por correo electrónico de ello.
Un mensaje al que, según Cuerda, él mismo respondió apenas dos días después, el 20 de septiembre, asegurando que conocía tal situación -que el Comité se había reunido con urgencia debido a la existencia de denuncias que era necesario investigar- y les citaba a mantener una reunión el 2 de octubre. No obstante, el 23 de septiembre -Cuerda señala por error que fue el día 24-, el nuevo director de Antifraude decidió derogar el código ético que daba vida al Comité. "Cumple señalar que la derogación del Código se produjo cuatro días después de que el director fuera conocedor de la existencia de estos expedientes", recoge el escrito. Con ello, Beut evitó también reunirse con el Comité.
Con estos mimbres, Cuerda remite la carta a Les Corts para lamentar la eliminación del Comité, pero también para mostrar su preocupación por el hecho de que Beut u otras personas pudieran haber accedido a los citados expedientes que, a priori, solo debían haber sido accesibles para el Comité. "Asisto con extraordinaria preocupación al hecho de que pudiera estar produciéndose una grave quiebra del principio de confidencialidad por el hecho de que órganos distintos al extinto Comité de Ética tengan conocimiento de escritos y declaraciones que tenían como destinatarios a los miembros que integraban el referido Comité, en cuyo conocimiento se pusieron datos relativos a la vida personal y profesional que deben seguir estando protegidos por la confidencialidad que se les garantizó en ese momento", denuncia la expresidenta.
"Si otras instancias accedieran a tales datos estimo que se estarían vulnerando los derechos de las personas denunciantes, los referidos a su intimidad personal, así como, por lo que respecta a quienes denunciaron anónimamente y luego accedieron a revelar ante nosotros su identidad", concluye para acto seguido pedir amparo al Parlamento valenciano, órgano al que está adherida la Agencia Valenciana Antifraude. Cuerda no solo pide que se mantenga la confidencialidad de los denunciantes, sino que también la institución que preside Llanos Massó haga lo que esté en su mano para que Beut rectifique en su decisión.
Fuentes de la Agencia Antifraude consultadas este jueves por Valencia Plaza sobre la carta de Cuerda se remitieron a la comunicación enviada este lunes para anunciar la derogación del Código ético que implica la eliminación del Comité de Ética. No confirmaron la existencia de expedientes abiertos a raíz de denuncias, como expone su ya expresidenta en el escrito, pero sí aseguraron que la confidencialidad sobre la identidad de cualquier denunciante continúa estando garantizada.
Respecto al camino que siguen ahora las denuncias, según se deduce de las resoluciones aprobadas por Beut en los últimos días, se ha eliminado el Buzón interno de denuncias del Código Ético y de Conducta, que ha dejado de funcionar como canal diferenciado de denuncias y se ha integrado en el Sistema Interno de Información de la Agencia (SII-AVAF). Además, la responsable de la gestión de este canal ha dejado de ser la secretaria del extinto Comité de Ética, que había sido elegida por los trabajadores de la Agencia para esa función, y ha recaído en un órgano colegiado formado por "tres personas servidoras públicas de la Agencia" designadas por su director. De entre ellas, una se ocupará, por delegación, de la gestión y tramitación de los expedientes de investigación.
Tras la decisión de Beut, la Agencia Antifraude se ha quedado, de momento, sin Código ético, puesto que la decisión de su nuevo director ha sido "adherirse al código ético o de conducta que se está elaborando por Les Corts Valencianes". Si en el plazo de seis meses no estuviera aproad dicho código, "se iniciará la tramitación de un nuevo código ético por parte de la agencia o la adhesión, en su caso, al código ético de otra institución pública", según la resolución del 23 de septiembre, publicada en el DOGV el día 30.
Tras la recepción del escrito de Cuerda en Les Corts, el grupo parlamentario Compromís ha registrado la petición de comparecencia del nuevo director de Antifraude. La diputada de la coalición valencianista Isaura Navarro, registró este martes una petición para que Beut comparezca en la Cámara y explique el motivo por el que se ha derogado este código y comité de ética que servía para "atender denuncias internas, ayudaba a resolver controversias o velaba por la adecuada aplicación" de las normas de buen funcionamiento.
En este sentido, también ha presentado una Proposición No de Ley en la que le reclama que rectifique la decisión de derogar este código ético. Asimismo, solicita recuperar el comité de ética para velar "por los principios éticos y los valores de buen gobierno, imparcialidad, confidencialidad y conducta de la actuación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana".
De forma paralela a esta crisis interna, la Agencia ya ha hecho público el sueldo del nuevo director. Beut cobrará 97.693,22 euros brutos este año, un 51,7% más de lo que en percibía su antecesor en el cargo Joan Llinares. Un importante aumento que permite la nueva ley del órgano, que fue modificada el pasado mes de marzo por PP y Vox y que incluía un cambio en el estatus de la persona que se situara al frente del órgano adscrito a Les Corts.
La norma aprobada por los entonces socios del Consell ofrece la condición de "autoridad pública" a la persona que ocupa la dirección de la Agencia Antifraude. Anteriormente, su rango era de director general de la Generalitat, por lo que su retribución en 2024 era de 64.381,92 euros anuales.
Según la ley del organismo, las retribuciones "son determinadas por acuerdo de la Mesa de Les Corts", por lo que este órgano ya ha dado luz verde al salario que percibe Beut. También contemplaba que en caso de que el director ostentara "la condición de funcionario de carrera, "sus retribuciones no podrían ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en su administración de origen".
Un matiz significativo que se incluyó en la ley para evitar que a la hora de buscar aspirantes para el puesto el salario no fuera un factor poco atractivo para aceptar el cargo, dado que algunos funcionarios cobran más de 64.000 euros brutos anuales y supondría una pérdida de poder adquisitivo.
