Comisión de Justicia de Les Corts. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Para que suene alto y claro. Ante la intención del Gobierno de utilizar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para hacer frente al ingente gasto público como consecuencia de la crisis del coronavirus, Les Corts Valencianes aprobaron este lunes en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local una Proposición No de Ley (PNL) elaborada por Compromís en la que instan al Consell a pedir al Gobierno de España que garantice que los ayuntamientos podrán utilizar el remanente de tesorería y otros recursos para hacer frente al Covid-19 "e inyectar recursos en la economía productiva".
Una iniciativa que, lejos de analizar la efectividad que pudiera tener -al no ser de carácter legislativo, las PNLs no son vinculantes y frecuentemente los gobiernos las ignoran e incumplen–, sí sirve al menos para que los grupos parlamentarios fijen su posición respecto a una cuestión concreta.
Bajo esta premisa, la PNL registrada por Compromís y validada este lunes por PP, Ciudadanos, PSPV y Unides Podem podría considerarse toda una declaración de intenciones respecto a la intención del Ejecutivo central de alcanzar un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para crear, con esta hucha de todos los ayuntamientos de 28.000 millones de euros, un bote común y repartirlo a continuación de manera igualitaria entre todas las corporaciones sin tener en cuenta cuáles tuvieron superávit o no.
La pretensión del ejecutivo central es utilizar un mecanismo compensatorio de caja común bajo el mando del Ministerio de Hacienda y en coordinación con las comunidades autónomas para facilitar una liquidez a los municipios "sin asimetrías" y que, en la Comunitat Valenciana, afectaría a 4.750 millones de euros de las arcas municipales ahorrados como consecuencia de las limitaciones del gasto fijadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Esta intención que puso sobre la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace dos semanas despertó un fuerte malestar no solo entre los altos cargos de Compromís, sino también del PSPV en el Consell y en distintos ayuntamientos, entre ellos el de València. Desde los distintos partidos que conforman el Botànic subrayaron entonces a Valencia Plaza que llevaban años pidiendo al Ejecutivo central que desbloqueara estos fondos retenidos a los ayuntamientos sin que la petición tuviera éxito en ningún momento.
La negativa del Gobierno central a esta demanda amparada en la denominada regla de gasto de la 'Ley Montoro' ha obligado durante años a las corporaciones locales -incluso a aquellas con superávit-, a guardar sus remanentes para dedicarlos exclusivamente a pagar deuda o a realizar inversiones financieramente sostenibles -que no requieran mantenimiento-. En el Ayuntamiento de València, el superávit en 2019 fue de unos 57 millones de euros. Poco después de declarar el estado de alarma, el ejecutivo ha dejado a los ayuntamientos gastar el 20% de este montante en partidas sociales como consecuencia de la Covid-19, de manera que ha desbloqueado en total unos 1.000 millones de euros, 11,7 en València capital.
La PNL de Compromís aprobada por todas las formaciones, excepto Vox, por tanto, no hace más que incidir en una demanda que ya había realizado la coalición valencianista en reiteradas ocasiones a lo largo de la legislatura pasada. Eso sí, el momento elegido para reivindicarlo no es baladí. De hecho es el quid de la cuestión.
La PNL, no obstante, incluía otras medidas que también fueron aprobadas como la de instar al Ejecutivo a iniciar una reforma del modelo de financiación local y pedir al Consell que priorice a los municipios menos poblados y más endeudados mientras no sea posible aumentar las partidas previstas en el Fondo de Cooperación Municipal. También propone pedir al Gobiero central iniciar esta reforma ampliando la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado con el objetivo de fortalecer la autonomía local de los municipios para garantizar el correcto desarrollo de las competencias locales.
Asimismo se pide al Gobierno que impulse una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales donde, además de garantizarse una financiación local justa y con autonomía para las entidades locales, se establezca un régimen específico para los municipios más pequeños.
