La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: Eduardo Parra/ Europa PressVALÈNCIA. Desde hace varias semanas, resuena como un eco, difuso pero molesto. La pasada semana, sin embargo, se reveló como una propuesta real: el Gobierno tiene la intención de utilizar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para hacer frente al ingente gasto público como consecuencia de la crisis del coronavirus. Un fondo que suma en total 28.000 millones de euros teniendo en cuenta la caja de todos los ayuntamientos de España.
El jueves, la ministra del ramo, María Jesús Montero, informó al Congreso de los Diputados de esta intención, que pasa por alcanzar un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para crear, con esta hucha de todos los ayuntamientos, un bote común. Y repartirlo a continuación de manera igualitaria entre todas las corporaciones sin tener en cuenta cuáles tuvieron superávit o no.
Se trata de un mecanismo compensatorio de caja común bajo el mando del Ministerio de Hacienda y en coordinación con las comunidades autónomas para facilitar una liquidez a los municipios "sin asimetrías" y que, en la Comunitat Valenciana, afectaría a 4.750 millones de euros de las arcas municipales ahorrados como consecuencia de las limitaciones del gasto fijadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Una pretensión, recogida por diarios como Información o El Confidencial, que ha soliviantado a no pocos alcaldes de todo el país, tanto socialistas como populares, y también al Ayuntamiento de València y a altos cargos de la Generalitat Valenciana. De hecho, fuentes de la administración autonómica rechazan esta posibilidad.
"Hace tiempo que se está pidiendo que se desbloqueen esos fondos para los ayuntamientos y la respuesta es negativa, y ahora esto", lamentan, para recordar a continuación que incluso hay ayuntamientos que están completamente saneados y han tenido que ir guardando el dinero que les sobraba sin poder dedicarlo a políticas efectivas por el corsé que supone la regla de gasto de la llamada 'Ley Montoro'.
La normativa sólo permite dedicar el superávit municipal de cada año a pagar deuda o a realizar inversiones financieramente sostenibles -que no requieran de un mantenimiento-. En el Ayuntamiento de València, el superávit en 2019 fue de unos 57 millones de euros. Poco después de declarar el estado de alarma, el ejecutivo ha dejado a los ayuntamientos gastar el 20% de este montante en partidas social como consecuencia de la Covid-19, de manera que ha desbloqueado en total unos 1.000 millones de euros, 11,7 en València capital.
Pese a ello, a mediados de abril, València hizo frente común con otras seis grandes capitales de España como Madrid, Barcelona o Sevilla para exigir el uso libre y exclusivo de este superávit por parte de los ayuntamientos. "Es muy importante que el Gobierno nos permita utilizar el remanente de tesorería", explicaba el alcalde, Joan Ribó, en una entrevista a este diario.
Tanto es así que en el consistorio del cap i casal no ha sentado demasiado bien la posibilidad planteada ahora por el Gobierno de 'confiscar' este remanente para repartirlo, hasta el punto de que no creen capaz al ejecutivo central de llevar a cabo esta iniciativa. "Deberían hacer una ley o un decreto y posiblemente no tengan la mayoría parlamentaria para convalidarlo", aseguran, para una medida que no cuenta ni con el apoyo de los alcaldes del PSOE.
Este lunes, el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, mantenía una reunión con sus homólogos del resto de comunidades autónomas y con la ministra Montero en la que fundamentalmente abordó el reparto de los fondos no reembolsables de 16.000 millones de euros anunciados por Pedro Sánchez para ayudar a las autonomías. Tanto fuentes del Ministerio como del departamento de Soler constataron que el superávit de los Ayuntamientos no estuvo sobre la mesa de debate.
Ahora bien, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) fue muy contundente a finales de la pasada semana al dar luz verde definitiva a las propuestas planteadas un mes antes por la junta de portavoces del organismo. En ellas, no sólo se desecha la idea de que el Gobierno tome el control de los remanentes municipales, sino que exigen para los entes locales mayor libertad en el gasto del mismo: "Los remanentes generados en los últimos años por las entidades locales pertenecen a las entidades locales y son las entidades locales quienes los deben gestionar y decidir cómo aplicarlos".
La Federación pide al Gobierno de Pedro Sánchez que flexibilice la regla de gasto para los ayuntamientos con superávit y que permita dedicar este dinero a cualquier finalidad que tenga que ver con la crisis del coronavirus, como el gasto de seguridad, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a la población vulnerable, incluso en materias que no son de competencia municipal estricta, como el empleo o la educación.
Explica que, con toda seguridad, estos gastos extraordinarios supondrán un "desequilibrio presupuestario" y que se necesitará del remanente para cubrir el agujero sin tener que emitir deuda. Pero además, solicitan que este gasto no compute afectos de la estabilidad presupuestaria que exige la normativa. Y en otro orden de cosas, reivindican el cobro de la liquidación del IVA de 2017 y que se apliquen medidas extraordinarias para apoyar la liquidez desde instituciones como el ICO.
