Según la declaración del exsecretario general de los populares las constructoras pagaron 500.000 euros a cambio de adjudicaciones
VALÈNCIA. El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha provocado con su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción que el magistrado del caso Taula, Víctor Gómez, abra una nueva pieza separada vinculada a la empresa constructora de colegios Ciegsa. En dicha declaración, Costa implica en los pagos de dinero negro para el dopaje electoral al empresario alicantino Enrique Ortiz, al ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, al presidente de la constructora Rover Alcisa, Alfredo Rodríguez Verdugo, y a un trabajador de Ortiz apellidado Muguruza.
Por el momento, el instructor solo ha citado como testigos a Costa y a David Salvador, ex director general de la sociedad pública Agència Valenciana de Avaluació y Prospectiva (AVAP), y todavía no ha enviado ninguna imputación a los nombres que aparecen en la lista. Fuentes de toda solvencia explican que ese paso se dará tras la declaración de los testigos.
En un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el juez explica que "los hechos contenidos en la declaración revelan indicios de relevancia penal centrado en el pago de comisiones, a través de personas que se identifican en la denuncia como representantes de las empresas Grupo Rover Alcisa, y del empresario Enrique Ortiz". Según expresa en denunciante (Costa), se trataría de comisiones, total o parcialmente relacionadas con adjudicaciones de la empresa Ciegsa.
En su escrito, el magistrado afirma que la declaración se centra en que lo que cuenta Costa "son hechos tendentes a la financiación de las elecciones autonómicas de 2007 y en la que, según su relato, intervinieron el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, David Salvador, Alfredo Rodríguez Verdugo y una persona identificada como Muguruza que habría actuado como dependiente de una empresa de Enrique Ortiz, y que habrían pagado 150.000 y 350.000 euros respectivamente". Para el juez, los hechos descritos en la denuncia de Costa pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación y cohecho.
Este auto, por otro lado, supone la primera discrepancia seria entre juez y fiscal desde que, el día de los pasos a disposición judicial tras las detenciones Gómez no decretara ninguna prisión. El fiscal Anticorrupción Pablo Ponce había solicitado que “los hechos fueran investigados dentro de la pieza G”, es decir, dentro de Ciegsa porque afecta a esa empresa y el exgerente de la misma, Máximo Caturla, podría verse involucrado.
Sin embargo, el juez le contesta que, "por el momento, los hechos denunciados no parecen implicar de manera directa en el cobro de dichas comisiones al principal investigado en esta pieza, Máximo Caturla, sino que más bien inciden en lo que fue puesto de manifiesto en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una estrategia de financiación del Partido Popular en el ámbito regional a través de las contrataciones de Ciegsa".
Y apostilla a este respecto que en principio, desde un punto de vista penal, "si aceptamos dos tramas paralelas de financiación, la del partido a nivel provincial y regional, si tenemos en cuenta que las adjudicaciones a las que hace referencia Costa son diferentes a las que están investigadas en esta pieza y, finalmente, la declaración no contiene referencia a la participación directa en el cobro por parte de Máximo Caturla", lo más adecuado según él es crear una nueva pieza separada, sin que ello sea óbice para que posteriormente se puedan volver a juntar en una sola.
La segunda discrepancia viene determinada por el hecho de que el fiscal había solicitado que se decretara el secreto parcial de las actuaciones. El magistrado, por el contrario, ha denegado dicha petición. Basa su decisión en que, a su juicio, "los hechos son antiguos. Por esa antigüedad, y conforme a la esencia y modus operandi del cohecho, es ilusorio pretender encontrar documentos, efectos o instrumentos de ese delito que evidencien autoría de unos hechos que normalmente se cometen procurando no dejar rastro o evidencia material de ningún tipo”.