Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Imagen de archivo CASTELLÓ. La Dirección General de la Costa y el Mar ha hecho oficial este martes, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la aprobación del inicio del procedimiento de deslinde de un tramo de costa de 10.235 metros de longitud del Prat de Cabanes-Torreblanca. El departamento del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico rechaza en su resolución todas las alegaciones presentadas por los Ayuntamiento de Torreblanca y Cabanes, los grupos políticos de PP y Compromís, así como propietarios también afectados.
La publicación del deslinde en el BOE conlleva también el inicio de las actuaciones para "rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado", es decir, revertir la propiedad. La medida, al igual que ha ocurrido en Cabanes con el inicio del procedimiento de recuperación posesoria de las viviendas del poblado de Torre la Sal, ha enfadado al consistorio de Torreblanca.
Así, desde el Ayuntamiento han anunciado que van a recurrir al Contencioso-administrativo para frenar la medida por "perjudicar notablemente a decenas de propietarios del municipio, así como al propio consistorio, que es propietario de algunas parcelas".
El tramo de costa que afecta al Parque Natural Prat de Cabanes-Torreblanca es el humedal salobre mejor conservado de la provincia y tiene una franja de unos 1,5 km de anchura máxima y una longitud de 10,5 km. El deslinde aprobado se remonta a décadas y fue retomado en 2022 por el Servicio de Costas en Castellón al considerar que el deslinde aprobado en 1993 (el que estaba en vigor) únicamente incluyó terrenos que formaban parte de las playas del Prat de Cabanes, "dejando fuera marjales y saladares marítimo-terrestres que debían incorporarse al dominio público marítimo-terrestre".
Según el expediente, existen una treintena de propiedades afectadas por el deslinde. Según el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, el deslinde, además de tener afección en cuanto a viviendas (no están dentro del deslinde pero sí en zona de afección), "afecta incluso al propio patrimonio de los valencianos, porque lo que hace es modificar el deslinde de forma que un parque que es de gestión de la Generalitat pasa a ser dominio público estatal".
Por su parte, la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha anunciado el recurso judicial y ha señalado que la decisión del Ministerio "pone en grave riesgo los planes de futuro de Torreblanca en torno al Prat, que incluye tanto iniciativas de desarrollo de actividades e inversiones medioambientales, así como iniciativas turísticas que reden redundar en la mejora de las oportunidades económicas y de futuro de muchísimos habitantes del municipio".
Agut señala que el deslinde afecta prácticamente a la totalidad del Prat. "Ni los vecinos ni el Ayuntamiento estamos conformes con las argumentaciones del Ministerio y acudiremos a la vía judicial para pelear esta decisión hasta las últimas consecuencias, porque nuestra obligación es defender al Ayuntamiento y a todos los vecinos que se hayan visto perjudicados”, ha indicado.
La alcaldesa ha apuntado que el consistorio tiene parcelas afectadas como el Espai Natura, que acoge la oficina de Turismo. Asimismo, ha indicado que Torreblanca tenía "un ambicioso proyecto previsto de la mano de la Generalitat" y que eso genera perjuicios "tanto de nivel natural como de desarrollo turístico".
Desde Compromís, el diputado provincial David Guardiola ha lamentado que el Ministerio "haya decidido notificar en el BOE el deslindamiento del Prat de Cabanes y Torreblanca, porque este deslinde, que acaba justo a tocar Torre la Sal, quita a los municipios afectados parte del paraje natural".
