Juan Cotino, a su llegada al juzgado este martes. Foto: EP/JOSÉ GILVALÈNCIA. El 8 y 9 de julio del año 2006 Juan Cotino era el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación del gobierno de Francisco Camps. Ese fin de semana, el Papa Benedicto XVI visitó València. Trece años después, Cotino se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por una causa relacionada con dicha visita -en el marco del caso Gürtel- y está imputado en otra en València también relacionada con la llegada del máximo pontífice. Un conseller de agricultura que es, hasta ahora y según el magistrado de la Audiencia Nacional que lo ha procesado y sentado en el banquillo, el factótum de las presuntas irregularidades de aquella visita.
Este martes, Cotino estaba citado a declarar como investigado por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración por su presunta relación con once contratos vinculados a la Fundación V Encuentro de las Familias que, según Anticorrupción sirvió para "vulnerar los principios más elementales de la ley de contratos de las administraciones públicas".
Cotino fue preguntado sobre cómo un conseller de Agricultura pudo estar, a juicio policial y judicial, en el centro del huracán. Según el propio implicado, en su declaración ante el magistrado instructor manifestó: "A mí me llama el arzobispo y participo como voluntario en la visita porque el Arzobispado me pidió, porque siempre ha participado en actos de la iglesia como canonizaciones, y por mi experiencia como concejal de Policía Local y como director general del Cuerpo Nacional de Policía. Sí, Participé en las reuniones de la Fundación V Encuentro como voluntario".
Así, para Cotino, su participación en la visita del Papa, fue porque era -y es- católico. Añadió, que, como lleva años diciendo, nunca se llevó nada de haber formado parte de aquella visita.
La instrucción trata de averiguar si los contratos firmados desde la fundación fueron fraudulentos. Los contratos bajo sospecha son los relacionados con los suministros del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios en los que se gastaron 2,5 millones de euros, los alojamientos de altos cargos y la publicidad. Pero el epicentro se basa en demostrar si la Fundación V Encuentro de las Familias, en el momento de contratar, era pública o no.
Desde un primer momento, la Fiscalía asevera que sí, con lo que habría una supuesta malversación, pero las defensas, y en especial la de Juan Cotino, insisten en que era de carácter privado. Para ello, y para contrarrestar las declaraciones prestadas hasta ahora y de las que ha informado Valencia Plaza, la defensa de Cotino entregó este martes un informe pericial redactado por un abogado del Estado en excedencia que asegura que la fundación era privada.
En el sumario también está aportada la sentencia del caso Nóos, donde las tres magistradas de la Audiencia del Palma de Mallorca absolvieron a la rama valenciana aplicando uno de los principios fundamentales del Derecho Penal, el in dubio pro reo, en caso de duda siempre a favor del reo. En aquel caso, se explicó que la ley no era lo suficientemente clara como para aseverar si la fundación bajo sospecha era pública o no y, como dice la ley en vigor, se decantaron a favor de los procesados, hecho que no implicaba que no se hubieran cometido irregularidades, tal como consta en la sentencia.
Los instructores de esta causa investigan a diez personas entre las que destacan el expresidente de la Generalitat y a la sazón presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el obispo auxiliar y presidente de dicha fundación Esteban Escudero; el secretario del patronato y exvicepresidente de Camps, Víctor Campos; Juan Cotino; Francisco Javier Jiménez Fortea; y los comisionados de la fundación V Encuentro Antonio Corbí, Enrique Pérez Boada -exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas- y Henar Molinero, ex alto cargo del Consell, que hacía las labores de secretaria en la fundación. Las declaraciones de los investigados comenzaron este martes.
Los primeros fueron Juan Cotino y Henar Molinero. Molinero, en una emocionada declaración, dijo que participó por sus creencias y que lo hacía todo sin cobrar ni un euro. Este miércoles está prevista la declaración de obispo auxiliar Esteban Escudero.
Juan Francisco García y los sobrinos del exdirector general de la Policía otorgan un papel protagonista en la operación al que también fuera conseller de la Generalitat; Olivas dice que cobró por mediar en una operación de venta, pero no por manipular la concesión de los parques eólicos
