La cotización de becarios arranca con "satisfacción" en el Gobierno pero "tensiones" con las autonomías

VALENCIA. La cotización a la Seguridad Social por parte de los becarios universitarios y de Formación Profesional que cursan prácticas no remuneradas ha entrado esta semana en vigor. Unos días convulsos en los que tanto el Gobierno como las autonomías han elevado el tono en los posicionamientos en torno a esta medida que, cabe recordar, se empieza a aplicar tras una moratoria de tres meses que pidieron la gran mayoría de comunidades autónomas.

Desde el Ejecutivo central, tal y como ocurrió a lo largo de 2022, se ha defendido que los estudiantes que realizan prácticas coticen a la Seguridad Social, aunque no cobren durante la formación. Las autonomías, especialmente la valenciana, reclaman al Gobierno medidas con las que paliar el incremento del gasto y de trámites burocráticos que implica poner en marcha este proceso. 

Cabe recordar que el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, en el que se incluye esta medida, establece una bonificación total de los costes de alta en la Seguridad Social así como de un 95% de la cuota. A ello, se añade la decisión de Educación de sufragar el 5% restante hasta 2025. Esto último implica que, en el caso de la Formación Profesional, las autonomías solo deban asumir el 'extra' de los trámites burocráticos para las altas y bajas durante el presente ejercicio. A partir de 2025, el ministerio de Educación cifra en 18 euros anuales el coste para las autonomías de la cuota de Seguridad Social de cada becario. 

De hecho, la norma indica que en el caso de las prácticas no remuneradas "el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social corresponderá a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen", excepto que en el convenio o acuerdo de cooperación se indique que le corresponde al centro educativo. Es en este punto donde existe la principal fricción, pues las quejas de las universidades vienen esencialmente por la negativa de las empresas a encargarse de la cotización de sus becarios, lo que ha provocado que sean las propias universidades las que tengan que asumir ese proceso.

Sobre las medidas que incluye este texto, cabe señalar que los estudiantes en prácticas cotizarán 1,61 días por cada día al que acudan a su centro de trabajo sin que la suma mensual pueda superar el número de días que tiene ese mes. Además, tiene efectos retroactivos desde el año 2021, aunque el procedimiento todavía no está definido. En este sentido,  la norma establece que los becarios "podrán suscribir un convenio especial, por una única vez, en el plazo, términos y condiciones que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". 

El Ejecutivo reconoce "tensiones" pero las considera "lógicas"

Esta misma semana, miembros del Gobierno se han pronunciado sobre esta medida. El presidente, Pedro Sánchez, consideró que con la entrada en vigor del Real Decreto "se salda una deuda de años con los becarios". Unas declaraciones a las que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se sumó al añadir que esta iniciativa "amplía derechos" y supone "un gran avance en la protección de los más jóvenes". 

No obstante, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, reconoció en rueda de prensa el pasado miércoles que existían "tensiones", así como "resistencia, ruido y preocupaciones". A pesar de ello se mostró "muy satisfecho" por el nuevo sistema de cotización y reiteró que "implica escaso coste económico y algún coste de gestión". 

La Conselleria de Educación cifra en un millón el coste para las universidades

Desde la Conselleria de Educación señalan que han mantenido conversaciones con las universidades y que éstas "no están de acuerdo con la medida al no venir acompañada de presupuestos por parte del ministerio". De hecho, aseguran que desde la dirección general de Universidades se ha reclamado al secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que el ministerio asuma el 5% no bonificado, cuestión que sí ha ocurrido en el caso de la Formación Profesional. 

"Considerando la bonificación del 95%, las cotizaciones a la Seguridad Social de más de 40.000 estudiantes universitarios valencianos, asciende a más de 1 millón de euros en las universidades públicas valencianas", explican desde el departamento autonómico. Una cuantía a la que además se le añade "el coste de modificar la aplicación informática" y el de la contratación del "personal de gestión necesario" para dar las altas. 

Desde Educación también inciden en que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) se había solicitado una prórroga en su aplicación hasta el inicio del curso 24/25. En este sentido, la Conferencia ya advirtió el pasado mes de noviembre que las instituciones, incluidas las públicas "se han negado" a asumir la cotización, por lo que las universidades "se han visto obligadas a costear estas cuotas y la gestión de altas y bajas con el objeto de que el estudiantado pudiera titularse". De no ser así, advirtió entonces la Crue, "no habría graduados en Medicina, Enfermería o Magisterio en los próximos años".

¿Quién se encarga en las universidades públicas valencianas?

Por regla general, las universidades públicas valencianas han decidido asumir el proceso de cotización de sus alumnos vistas las circunstancias. No obstante, por ejemplo, en el caso de la Universitat Politécnica de València (UPV), las prácticas son siempre remuneradas, por lo que desde antaño han sido las empresas las encargadas de realizar todo este proceso.

En otros casos, como por ejemplo la Universitat de València, que sí cuenta con oferta de prácticas no remuneradas, será ella la encargada de hacer los trámites durante el presente curso para "facilitar el cumplimiento de cada normativa". Una situación similar se produce en el caso de la Universidad de Alicante, pero en esta última ocasión no concreta hasta cuándo será ella la encargada de las gestiones.