El diputado de Ciudadanos, Tony Woodward. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Este martes, los partidos que sustentan el Botànic mantuvieron una larga reunión para tratar de cerrar los últimos acuerdos sobre las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2019. Una cita en la que PSPV, Compromís y Ciudadanos consiguieron llegar a un punto de encuentro sobre la modificación de la Ley de Puertos que introdujo el PSPV en la Ley de Medidas Fiscales que pretendía permitir que un municipio que contara con un recinto portuario administrado por la Generalitat pudiera solicitar al Ejecutivo valenciano el traspaso de dicha gestión a un órgano autónomo. Una posibilidad a la que pidió acogerse el Ayuntamiento de Dénia -antes incluso de que tal cambio se aprobarse en Les Corts- y que Podemos enmendó con la intención de suprimirlo.
La polémica surgió a raíz de la incorporación del exasesor de Presidencia, José Manuel Orengo, como director de Expansión de Baleària, principal naviera del citado puerto. Su fichaje se produjo apenas un mes después de que el Consell planteara el cambio normativo y Podem entendió que éste había sido planteado entonces para abrir la puerta a la privatización en la gestión del Puerto de Dénia para que la empresa que lidera Adolfo Utor lo controlara. Es decir, si se aprobaba la ley y el Ejecutivo valenciano daba el visto bueno para crear el órgano autónomo, en su consejo de administración la naviera tendría el mayor porcentaje de representación al ser la principal operadora del recinto.
Así, PSPV y Compromís acordaron este lunes presentar una enmienda transaccional que permitiera la creación de órganos autónomos pero con la condición de que en los consejos de administración que se constituyeran, la administración tuviera siempre una representación mayoritaria. En concreto, del 51% para evitar que ningún operador de ningún puerto pueda llegar a tener en algún momento el control sobre la gestión del recinto.
Una transacción que saldrá adelante gracias al apoyo de Ciudadanos, que se reunió este martes a socialistas y valencianistas y les solicitó que, además, se incluya en el texto que los ayuntamientos de los municipios con puertos tengan una representación del 9% en ese consejo de administración. De esta manera, el porcentaje de representación de gestores públicos -Generalitat y consistorios- será del 60%. Asimismo, la presidencia de estos consejos también deberán recaer en los representantes de la Generalitat.
Otra de las condiciones que añadió el partido de Albert Rivera en la Comunitat Valenciana es que antes de que el Ejecutivo valenciano dé el visto bueno a la creación del órgano autónomo, la Conselleria de Obras Públicas que dirige María José Salvador realice un informe al respecto. PSPV y Compromís solicitaban tan solo que fuese Hacienda quien elaborase el estudio oportuno, pero accedieron a que se ampliara también a la conselleria competente en materia de puertos.
Para introducir este redactado, PSPV, Compromís y Ciudadanos han utilizado las enmiendas que ya presentaron los naranjas, ya que ni Compromís ni PSPV habían presentado ninguna, y para poder realizar algún cambio tenían que hacerlo sobre alguna de las ya registradas.
Otra enmienda, introducida por el grupo que lidera Mari Carmen Sánchez, pide que el 40% del beneficio que genere el Puerto de Dénia revierta directamente en el mismo recinto portuario. Una propuesta que a socialistas y valencianistas les parece oportuna, ya que calmaría el malestar existente en el recinto portuario de la capital de la Marina Alta -el más rentable de la Comunitat Valenciana- porque con una media de 4 millones de euros de beneficios anuales, el porcentaje de reinversión es mucho menor actualmente.
Esto es porque actualmente la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana establece en su artículo 85 que el 40% de los beneficios que generan todos los recintos portuarios de la Comunitat que son de gestión mixta, se repartirán entre todos los puertos autonómicos independientemente de la rentabilidad que tengan para "satisfacer las inversiones de mantenimiento de las instalaciones portuarias de competencia autonómica".
Con el cambio propuesto, el puerto de Dénia pasaría a percibir 1,6 millones de euros aproximadamente, mientras que con el escenario actual, según los datos que maneja Ciudadanos, recibiría en 2019 alrededor de 103.000 euros. En 2016, la cantidad que percibió fue de 260.000 euros -de los cuales se ejecutaron 63.502 euros-; 45.000 euros en 2017; y 95.000 euros en 2018. Unas cifras muy por debajo de lo que se pretende establecer.
Así, el texto final se aprobará este miércoles y será secundado por los tres partidos y los diputados no adscritos. Juntos, suman un total de 9 diputados en una comisión compuesta por 15 parlamentarios. Podemos, por su parte, se abstendrá a esta propuesta. Aunque les parece una buena solución para evitar la posible privatización de algunos recintos portuarios y aseguran que este es "un avance sustancial", consideran que esta cuestión merecía un proyecto de ley independiente con su correspondiente debate específico.
