VALÈNCIA (EFE). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que tanto la Dirección del departamento de salud como la Conselleria de Sanidad "obstaculizan el derecho a la conciliación laboral del colectivo de trabajadores laborales" del departamento de salud de la Ribera.
El sindicato indica en un comunicado la existencia de "prácticas coactivas" y advierte de la "indefensión" que sufren profesionales que han solicitado una adaptación de la duración y distribución de su jornada de trabajo.
Advierte asimismo de la decisión de Dirección de dilatar la respuesta a las peticiones de adaptación de horarios de puestos de trabajo y de convocar a los afectados a reuniones con Recursos Humanos y le insta a cumplir con los derechos laborales.
Según denuncia, "han esperado a pocas horas de que finalice el plazo máximo de 30 días para responder desde su solicitud que marca el artículo 34.8 del Estatuto de Trabajadores".
El sindicato recuerda que los profesionales laborales, en virtud del citado Estatuto, "tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación".
En este concepto queda incluida "la prestación de su trabajo a distancia para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiares".
CSIF, recalca que en lugar de aceptar estas peticiones a las que tienen derecho, la Dirección del departamento "ha dilatado deliberadamente el proceso hasta casi los 30 días con el fin de disuadir al personal laboral de su derecho a la conciliación".
El sindicato explica que esta dilación ya ha tenido efectos negativos entre el colectivo, pues "profesionales que solicitaron una adaptación a principios de septiembre han visto como, ante la falta de respuesta de Dirección del departamento, han tenido que buscar alternativas de última hora para poder atender a sus familiares".
CSIF subraya la importancia de la conciliación y la posibilidad de los profesionales de acogerse a este derecho, y advierte de que prácticas como dilatar la respuesta de aceptación o de comunicar propuestas alternativas que posibiliten la conciliación suponen, de hecho, "una coacción que se agrava más con las reuniones a puerta cerrada a las que han convocado al personal solicitante".