CSIF recurre el traspaso de empleados de Divalterra a la Diputación de Valencia

VALÈNCIA. La liquidación de Divalterra continúa su curso. Este miércoles, la gran mayoría de los trabajadores que quedaban en la empresa pública de la Diputación de València, 432 empleados, pasaron a formar parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. El último gran traspaso de plantilla después de que el pasado mes de noviembre, la propia Diputación asumiera otra parte, subrogándose medio centenar de empleados.

Ninguno de los dos movimientos se ha producido con total aceptación por parte de los sindicatos. Si esta semana se conocía el conflicto sindical abierto por la subrogación del personal de oficinas en el Consorcio de Bomberos -publicado por Valencia Plaza-, a ello se añade ahora un recurso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a causa de la asunción de empleados de noviembre por parte de la Diputación.

La corporación provincial, que preside Toni Gaspar, se subroga a los empleados, que pasaron a ser personal laboral no empleado público con carácter fijo "a extinguir". En este sentido, explica el sindicato en el recurso de reposición presentado el pasado 10 de enero, los trabajadores fijos que ha asumido la Diputación no podrían desarrollar todas las funciones que se les han asignado "porque dichas funciones son de naturaleza funcionarial".

Así, la organización sindical se apoya en la Ley valenciana de Función Pública, según la cual el personal laboral de la administración sólo se puede dedicar a necesidades "de carácter periódico y discontinuo", a empleos "de carácter singularizado que no requieran una formación académica determinada o que no sean atribuibles a cuerpos y escalas existentes", a trabajos en eventos y congresos concretos, o a "puestos auxiliares en las oficinas y dependencias de la Generalitat en el extranjero".

Supuestos que, según CSIF, no se cumplen en este caso: "El límite para asignar funciones a personal laboral se encuentra en el desempeño de funciones que supongan la participación directa o indirecta" en las potestades públicas, señala el sindicato, para añadir en consecuencia que "deben ser eliminadas" de las atribuciones a estos trabajadores subrogados todas aquellas funciones que no le son propias.

En una comunicación, el sindicato expresó que la Diputación no ha convocado una mesa para "tratar con el rigor que se merece" la subrogación de empleados en la corporación: "Sólo se nos ha convocado para informar, sin opción a negociar nada, además opinar poco". "Como ya advertimos", asegura CSIF, "las funciones que se les habían adscrito no podían desempeñarlas". "Con esto no vamos en contra de los trabajadores, sino de decisiones políticas que no tienen en cuenta o no quieren tener en cuenta lo que claramente marca la legislación", sentenció el sindicato en este sentido.

Problemas también en el Consorcio

Además del traspaso de empleados a la Diputación, se ha producido esta semana el movimiento similar de los 432 empleados restantes de Divalterra hacia el Consorcio Provincial de Bomberos. Del total, la mayoría son brigadas forestales, pero una treintena pertenecen a servicios comunes y administrativos. Es la subrogación de este último grupo lo que ha motivado el enfado del Sindicat Valencià Republicà (SVR), que dirige Ximo Cunyà, y que ya ha anunciado que presentará un recurso al respecto.

El motivo es que los administrativos se integrarían en el consorcio con funciones diferentes a las que venían llevando a cabo en Divalterra, algo que sería irregular si se tienen en cuenta los informes jurídicos internos de la Diputación, según los cuales para que haya una verdadera sucesión de empresas como esta operación es necesario que se traslade "la unidad productiva" y que esta continúe "con la misma actividad".

El sindicato, en este punto, considera que estas condiciones no se dan, sino que los empleados de oficinas subrogados por el Consorcio Provincial pasarían a trabajar no en el apoyo de las brigadas forestales como hasta ahora sino en los trabajos propios del consorcio.

En ese sentido, y en base a la legislación y la jurisprudencia existente, los informes jurídicos aseguraban que "no hay sucesión de empresas cuando se trata de una disolución que venga acompañada de una mera reubicación de los trabajadores en la plantilla [...] derivada de la asunción de la gestión de un servicio público". Y esto es, según el sindicato, lo que va a ocurrir con este personal, por lo que de consumarse la subrogación en los mismos términos, dicho argumento será uno de los pilares de su recurso.