El traspaso del personal de oficinas de Divalterra agita la disolución de la empresa

VALÈNCIA. El traspaso de los empleados de Divalterra al Consorcio Provincial de Bomberos de València, previo paso a la liquidación de la empresa pública, no está siendo tan fácil como podría esperarse. Este mismo miércoles se hará efectivo que los empleados que quedan a cargo de la mercantil pasen a formar parte de la plantilla del consorcio, pero una parte de la operación ha generado malestar en algunos sectores de la empresa.

El consorcio asumirá la gestión directa tanto de los servicios de brigadas forestales de Divalterra como de los servicios comunes y administrativos de la empresa. En total, serán 432 los trabajadores los afectados por el traspaso, según las listas que manejan tanto la mercantil como el consorcio, a las que ha tenido acceso este diario. De ellos, una treintena pertenecen a los departamentos administrativos y es su subrogación la que no convence.

De hecho, el Sindicato Valenciano Republicano (SVR) ya ha adelantado que presentará un recurso contencioso-administrativo precisamente contra la subrogación de esta parte del personal al considerar que la operación incumple la normativa. El motivo es que los administrativos se integrarían en el consorcio con funciones diferentes a las que venían llevando a cabo en Divalterra. Algo irregular, subrayan desde la organización sindical que dirige Ximo Cunyà.

Hay que recordar que los informes del secretario del pasado mes de marzo para llevar a cabo el proceso de liquidación de Divalterra explican que para que haya una verdadera sucesión de empresas como esta operación es necesario que se traslade "la unidad productiva" y que esta continúe "con la misma actividad". Unas circunstancias que en esta treintena de casos no se daría, según el sindicato, porque pasarían a trabajar no en el apoyo de las brigadas forestales como hasta ahora sino en los trabajos propios del consorcio.

En ese sentido, y en base a la legislación y la jurisprudencia existente, los informes jurídicos aseguraban que "no hay sucesión de empresas cuando se trata de una disolución que venga acompañada de una mera reubicación de los trabajadores en la plantilla [...] derivada de la asunción de la gestión de un servicio público". Y esto es, según el sindicato, lo que va a ocurrir con este personal, por lo que de consumarse la subrogación en los mismos términos, dicho argumento será uno de los pilares de su recurso.

El pasado 10 de enero, el gerente del consorcio, José Manuel Ballester, hizo una propuesta de distribución de empleados en los centros de trabajo del Consorcio tanto en el camino de Moncada como en la calle Avellanas, así como una propuesta de indemnización por desplazamiento a los trabajadores que se hayan de trasladar. Los empleados del Consorcio que vayan a la calle Avellanas no tendrán derecho a ella, pues el movimiento es dentro de la ciudad de València

Sin embargo, dice la propuesta, "la dirección del Consorcio, reconoce el posible perjuicio para los trabajadores que tengan que trasladarse al nuevo centro de trabajo de la calle Avellanas" debido a "la mayor dificultad de acceso a estas oficinas por encontrarse en el mismo centro histórico de la ciudad de València".

Se compensará por el importe mensual del valor del transporte público en los días laborables: 25 euros mensuales por EMT y metro que podrán ampliarse hasta 120 "si el trabajador justifica dicho perjuicio". Se trata, así pues, de una indemnización con "carácter transitorio" hasta que se reincorporen los puestos de trabajo físicos en la sede central del Consorcio "o cualquier otra ubicación que se designe como sede central", dice la propuesta.

Además, entre la batería de medidas dentro del Consorcio, se incluye una "compensación general" también transitoria para los administrativos del ente para que se formen en las tareas del "puesto específico que van a ocupar", debido a "la mayor dedicación que los trabajadores de administración general deberán dedicar a sus tareas" por la incorporación de las brigadas forestales de Divalterra. En este caso, la indemnización asciende a 75 euros brutos mensuales durante un máximo de un año.

Una nota emitida por el sindicato en cuestión lamenta lo que considera una "gracia" por parte de los dirigentes políticos. En cuanto a las ayudas por desplazamientos, asegura que "es curioso cómo se van a pagar unas cantidades no previstas en las leyes para retribuir estos conceptos, puesto que no cumplen con ninguno de los requisitos para abonarse", asegura la comunicación del SVR.

Y por otra parte, sobre las compensaciones por formación, que sí consideran legales, lanzan críticas porque se dan a los trabajadores "de cuello blanco" mientras que a "los compañeros nuevos o que cambian de parque" se les da "cero patatero".

Paso previo a la disolución

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, aseveró la pasada semana que tras el traspaso de los empleados al consorcio "quedarán ya solo unos cuantos trabajadores de la asesoría jurídica" de la mercantil para concluir lo que queda antes de su desaparición. Así, Gaspar recordó que hay "un periodo para cerrar Divalterra" al tiempo que hay escrituras y archivos que tienen que pasar al archivo de la Diputación y que "se necesitan tres meses para que la liquidadora haga la liquidación". "Todo eso se debe hacer durante tres o cuatro meses", ha insistió.

Ciertamente, el vaciado de empleados de Divalterra, actualmente en fase de liquidación, ya empezó en otoño cuando el presidente de la Diputación firmó varios decretos para trasladar a la propia Diputación varias decenas de trabajadores referentes a los departamentos de información territorial, desarrollo local y comunicación, y auditoría interna. Aquel proceso ya desencadenó controversia.

Hasta el momento se había especificado que pasarían a desempeñar sus tareas con el contrato que ya tenían –indefinido o temporal– en plazas "a extinguir", pero a ello se le añadió la coletilla de "personal laboral no empleado público", que motivó las críticas entre algunos sindicatos como Intersindical porque, afirmaban, no se ajusta a la legislación básica. Por ello, la organización sindical presentó un recurso contencioso-administrativo.