Técnico toma la temperatura a un ciudadano. Foto: EFEVALÈNCIA. El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral (Invassat) remitió este martes a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo el borrador de la guía que marca las líneas generales que se deben implementar en los distintos departamentos del Consell para garantizar la seguridad higiénica y sanitaria de cara a la vuelta al trabajo presencial de los funcionarios. Un período en el que se evitará que colectivos vulnerables, como mayores de 60 años, embarazadas, afectados por patologías de riesgo o enfermedades crónicas, entre otros, vuelvan ya a su puesto de trabajo presencial.
El documento, cuyo contenido ya adelantó este diario, funcionaría como un marco general, pero cada conselleria debe concretar las medidas a implementar para sus propios empleados. Con esto, Función Pública solicitó a cada subsecretaría del Consell su propio plan de contingencia -que más tarde deberá ser validado por el Invassat- y remitió a las organizaciones sindicales la guía para que realizaran alegaciones. Un proceso que finalizaba este mismo jueves.
Entre las enmiendas presentadas, los sindicatos CSIF e Intersindical han registrado una en la que solicitan al Gobierno valenciano que se realicen test antes de la vuelta al trabajo de todos los funcionarios y, además, se realicen pruebas de temperatura a la entrada de los edificios públicos. También piden que se ponga a disposición de todos los empleados guantes y mascarillas.
Por su parte, a la propuesta del Invassat de que cada centro de trabajo "disponga de cartelería en la que se indique la prohibición de entrada al centro si se presentan síntomas o se contemple la realización de controles por otros medios", UGT propone que se estime el examen de temperatura "por sensores sin contacto físico en centros que reciban gran afluencia de público, como por ejemplo la Ciudad de la Justicia".
La prueba de temperatura, huelga recordar, es una medida que se ha implantado en numerosos aeropuertos -China fue el primero en instaurarlo-, pero de momento la Generalitat Valenciana no lo ha adoptado. El pasado 19 de abril, dentro de la Operación Ruta de la Seda, sin embargo, la Comunitat Valenciana recibió 20.000 termómetros junto a otro tipo de material sanitario comprado a China como 16,3 millones de mascarillas, 6,8 millones de guantes, 876.395 monos EPI, 567.600 gafas de protección y 50.000 batas.
Ahora, CSIF e Intersindical piden que sea una de las medidas a incluir en la guía para la vuelta al trabajo de los empleados públicos como una prueba preventiva más junto a los test, y UGT lo pone encima de la mesa como una de las opciones a valorar por parte de la Adminitración valenciana.
En otro orden de cosas, Intersindical también ha registrado una alegación en la que proponen la instalación de arcos de ozono, si bien aseguran que desconocen si el Gobierno valenciano no lo ha contemplado entre las medidas generales que recoge la guía por ser demasiado caro y, por tanto, si ésta es inviable.
CSIF, además, pide que se cubran los puestos vacantes del Invassat y que se apruebe el proyecto de decreto del Consell por el cual se regulan los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat.
