Cuando el sí es no

"Está mal hecha". Así ha zanjado Felipe González las opiniones vacilantes de su propio partido sobre la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de Libertad Sexual, difundida por sus promotores como la norma del "solo sí es sí".

Es paradójica la oposición sistemática desde la orilla izquierda a la prisión permanente revisable, vigente para gravísimos delitos como los que suman la violación al asesinato y aduciendo que no se legisle "en caliente", mientras han aprobado esta ley con ligereza política y clamorosa torpeza jurídica.

Hablar de "chapuza" o error es minimizar su gravedad. En primer lugar, porque los gobernantes y parlamentarios no pueden quedar eximidos por la ignorancia o deficiente valoración del alcance de las normas que aprueban.

En segundo, porque fueron advertidos por, entre otros, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial que, alertando que el delito de violación pasaba con la reforma de estar penado de 6-12 años a 4-10 (o el cometido "en manada", 15 años de pena máxima antes de la norma, ahora reducidos a 12), informó, por unanimidad, que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la reglamentación vigente". ¿Qué parte de la frase no entendieron el gobierno que ha promovió esta norma y los grupos que la aprobaron? Porque clara, es.

También lo avisó el Partido Popular. Y es que con la norma incluso se despenalizan conductas por las que hay reos condenados. Pero no hicieron caso, desentendiéndose negligentemente de las consecuencias que iba a producir en cuanto se publicara. Sin contener siquiera una Disposición Transitoria para bloquear las previsibles peticiones de revisión de condenas, a instancia de parte e incluso de oficio por los tribunales, como ha acordado la Junta de Magistrados Penales de la Audiencia Provincial de Valencia.

Y porque, en tercer término, graves son las consecuencias. Que se han traducido ya en rebajas de años de prisión e incluso excarcelaciones, generándose una auténtica tormenta. Y, lo que es peor, un tormento para las víctimas, que vuelven a ser golpeadas por el dolor, estupor, desconcierto y miedo de temer -ya, o más pronto- en la calle a sus agresores. Se les pide que confíen en el sistema y ahora es el sistema el que les falla. Estrepitosamente. No tiene explicación, ni excusa, ni consuelo, ni perdón. Es más, en los casos que el daño es irreparable, tampoco tiene ya remedio.

Mientras, los responsables, en lugar de reconocer y reparar el dislate, se dedican a atacar a los jueces que han de aplicar las normas. También las de pésima factura como ésta. Cumpliendo el artículo 2.2 Código Penal que establece el efecto retroactivo de las leyes que favorezcan al reo.

Se ataca, también, a quienes exigen rápida actuación ante esta situación. Acusando de "promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", según ha espetado al PP Irene Montero, cuyo ministerio ha promovido esta norma que libera violadores. Y cuyo partido, Podemos-IU, junto al PSOE, Compromís y aliados, han impedido comisiones de investigación en las Cortes y Les Corts por el abuso sexual a menores tuteladas en Baleares y Comunitat Valenciana. Una vez más, las varas de medir y esa superioridad moral tan inmoral.

Hay que rectificar la ley con celeridad. Y Pedro Sánchez sabe que puede, porque lo ha hecho con la reforma exprés para eliminar el delito de sedición (a cambio de los votos de ERC a los Presupuestos, según ha propagado Rufián). No esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie con carácter general en "unificación de doctrina", como ha propuesto, con evidente fin dilatorio Sánchez, y ha secundando Ximo Puig, subalterno de sus decisiones y cómplice de sus disparates legales (antes con indultos y sedición), mientras su Consell va a recortar de 11 a 5 los juzgados de violencia contra la mujer.

Esa pretendida "unificación" jurisprudencial implica tiempo, que no se puede permitir nuestro sistema jurídico, ni sobre todo las víctimas. Porque cada día que pasa sin  corregirse la norma, aumenta el daño y el peligro. Pero en lugar de proteger a la sociedad con una ágil modificación, Sánchez ha preferido, de nuevo, favorecerse a sí mismo. Para "sostenerse" algún tiempo más en La Moncloa, poniendo el Estado en manos de quienes se quieren "marchar de España", como ha expresado, con hiriente jactancia, Otegi-Bildu.

Sánchez, más pronto que tarde, tendrá que responder de su irresponsabilidad acumulada. Ahora, por amparar este despropósito de su ministra Montero, a quien también han de exigirse ya responsabilidades políticas, y por alargar imprudentemente la solución.

Es evidente que algo ha fallado cuando votar Sí a la ley, supone un No al aplicarse en los Juzgados: no punición, no prevención y no reparación. Cuando la norma pensada para ayudar a las víctimas, las desprotege. ¿Quién será responsable de que estos condenados prematuramente liberados vuelvan a cometer delitos o de su incremento? Déjense de proclamas ineficaces y rectifiquen con rigor jurídico. Y con urgencia. Por favor.