Cuerpo aboga por adaptar el impuesto a la banca para que no tenga efecto en el crédito

VALÈNCIA (EP). El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha apostado por que la adaptación que se haga del impuesto a la banca no tenga efectos en el crédito, según ha detallado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cuerpo ha explicado que el objetivo del Gobierno es una "búsqueda de equilibrio" en las características y en la calibración del impuesto. "Esperamos que no haya efecto ni impacto negativo en materia de concesión de crédito", ha detallado Cuerpo, recordando que los últimos datos disponibles apuntan a una mejora tanto en la demanda como en el acceso al crédito.

El ministro ha apostado por un "doble objetivo" en los posibles cambios de este impuesto que se aprobó como extraordinario hace dos años pero que el Gobierno tiene vocación de hacer permanente. Por un lado, una "recaudación necesaria" para darle un "elemento de progresividad" a la fiscalidad. Por otro lado, que sea compatible con la estabilidad financiera y con la "buena evolución" de las cuentas de las entidades financieras.

En todo caso, el ministro ha recordado que el impuesto a la banca, que ha estado activo durante los dos últimos años, ha sido "compatible con los mejores resultados de la historia" del sector bancario. Lo mismo ha sucedido en el caso de las energéticas, según ha argumentado el ministro.

En los ajustes al gravamen que finalmente decida el Ejecutivo, Cuerpo ha indicado que se tienen que valorar "elementos adicionales" que ya no tienen que ver con la situación de emergencia de hace dos años. Entre esos elementos está la evolución del ciclo de tipos de interés y las cuentas de las propias entidades. En el caso de las energéticas, Cuerpo ha indicado que se valorará el "elevado" esfuerzo inversor.

La semana pasada, las patronales AEB y CECA rechazaron que el Gobierno hiciera permanente este gravamen y alertado de un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real, con una merma estimada de 50.000 millones de euros de capacidad crediticia.