La ruptura entre Madrid y Valencia aproxima las cuentas autonómicas a la intervención del Estado. Las consecuencias serían graves y duro el coste social

VALENCIA. Las alarmas sonaron en el Ministerio de Hacienda a principios de este año cuando sus técnicos repasaron las cuentas valencianas de 2013. La situación era peor de lo esperado a pesar de los sucesivos avisos enviados a la Conselleria de Hacienda valenciana para que pusiera en orden sus cuentas y las ajustara a la situación real de las finanzas autonómicas.

Así lo reflejaron en las conclusiones pertinentes del ‘Informe de Seguimiento de los Planes Económico-financieros 2013 en las que denunciaban "el incumplimiento del objetivo de estabilidad, fijado en un déficit del 1,60% para la Comunidad Valenciana" y que finalmente quedaría en el 2,33%.

Las causas de este incumplimiento son, según el mismo informe, una ejecución de las previsiones de ingresos "muy inferior a la esperada", especialmente en lo que se refiere a la enajenación de inversiones reales y a una singular contabilización de los gastos durante 2013 diferente a la de 2012.

Concluye el informe que la Comunidad Valenciana debería adoptar medidas adicionales a las ya adoptadas en el ejercicio 2013 que deben incluirse en el Plan Económico-Financiero a presentar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como establece la ley.

Sin embargo, en el consejo celebrado la semana pasada, el representante valenciano, Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, no hizo entrega de plan ni informe alguno "por no hallarse esta actuación en la orden del día de la reunión", según fuentes de la conselleria.

"Haremos entrega del plan cuando figure en la orden del día, pero ya podemos adelantar que apenas habrá cambios con respecto a lo que figura en los Presupuestos. Y desde luego, no habrá más recortes sociales", aseguran a ValenciaPlaza.com de forma un tanto desafiante desde el departamento de Hacienda.

Estas pequeñas escaramuzas y otras no menores, como la controvertida visita del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a Valencia y sus explosivas declaraciones acerca de la perentoria necesidad de llevar a cabo más recortes en el presupuesto autonómico, así como el análisis de los datos de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos a 31 de abril, claramente incumplidores de los objetivos para todo el año, han convertido en un peligroso polvorín a las relaciones entre Madrid y Valencia y acercan de forma decidida la posibilidad de una intervención de la cuentas autonómicas por parte del Estado.

Esta alternativa figura descrita en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a lo largo de diversos artículos. En ellos se establece una sucesión de actuaciones escalonadas que finalizarían con el envío a Valencia por parte del Ministerio de Hacienda de una denominada 'comisión de expertos' -previa comunicación al Gobierno y al presidente de la Generalitat- cuya misión sería valorar el estado contable de la hacienda autonómica y tomar las decisiones que considerasen más oportunas para recuperar cierto equilibrio entre los gastos y los ingresos en la hacienda autonómica.

En términos coloquiales, la citada comisión sería el equivalente autonómico y local a la 'troika' que las instituciones europeas (más el FMI y el Banco Mundial) enviaron en su momento a Italia y a Grecia para 'intervenir' sus cuentas y reconducir igualmente el camino hacia la autodestrucción financiera iniciado por ambos estados a causa de su elevado endeudamiento acentuado por los efectos de la crisis económica general.

El escenario para la intervención de la Hacienda valenciana está practicamente dispuesto: el objetivo de déficit para este ejercicio 2014 que deberán cumplir 'todas' las comunidad autónomas es del 1%, una cifra a la que con toda seguridad no va a llegar la Comunidad dados los resultados del primer cuatrimestre -la ejecución de ingresos, por ejemplo, se halla muy por debajo de lo previsto, como se observa en el cuadro inferior- y una vez manifestada la voluntad declarada de la Generalitat de no llevar a cabo más recortes en el gasto social.

El conflicto, pues, está servido y al día de hoy no se le ve otra salida que el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de la nación, quien a su vez debe cumplir con los compromisos de control del déficit adquiridos con Bruselas (Madrid también tiene sus propios ‘hombres de negro' subidos a la chepa), y dado que Cristóbal Montoro ya ha rechazado reiteradamente cualquier reforma del sistema de financiación en estos momentos que pudiera paliar la grave situación valenciana.

La legítima reivindicación que desde Valencia se hace ahora de una reforma del injusto sistema de financiación autonómica surgido en el año 2000 y que perjudica claramente a esta comunidad no va a encontrar otra respuesta en la actualidad que la imposición de nuevos recortes al gasto público autonómico mediante una intervención estatal forzada por el reiterado rechazo de la Generalitat a realizar 'voluntariamente' tales recortes.

EL PROCEDIMIENTO

Como es de imaginar, el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este mismo mes rechazará el Plan Económico Financiero que presente la Generalitat Valenciana si efectivamente ésta no ha introducido los ajustes solicitados, tal y como la propia conselleria ya se ha encargado de proclamar.

Solo a partir de ese momento podrán entrar en vigor las medidas coercitivas establecidas a partir del Artículo 25 de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La primera no es baladí: el Estado retirará a la Comunidad Valenciana todas sus competencias normativas sobre tributos cedidos.

Esta medida representa que será el Estado quien establezca la reposición (o no) y/o la cuantía de los impuestos de Sucesiones, Patrimonio, Donaciones, tasas de juego y actos jurídicos documentados, algunos de los cuales (como el de Patrimonio) han sido suprimidos en los últimos años por la Generalitat. Es fácil de suponer que ante una situación de grave déficit a Montoro no le temblaría el pulso a la hora de imponer impuestos en Valencia que sí existen en otras comunidades más cumplidoras con el objetivo de déficit...

La segunda medida legal consiste en una sanción económica equivalente al 0,2% del PIB que la Generalitat debería depositar en el Banco de España. Si Valencia no hiciera efectiva esta ‘multa', el gobierno añadiría intereses y descontaría automáticamente el importante total de la sanción -y sus intereses- de los pagos que el Estado realiza periódicamente a la Comunidad, empeorando aún más, si cabe, la situación financiera de esta comunidad.

En tercer y último lugar y aquí es donde la ley se muestra menos precisa -"no se ha aplicado nunca y no hay experiencia en este terreno", señalan a este diario expertos fiscales consultados-, el Ministerio de Hacienda comunicaría al presidente del Gobierno y al de la Generalitat el envío a Valencia de una "comisión de expertos" que evaluase la situación sobre el terreno y tomase las decisiones adecuadas para revertir la quiebra técnica de la hacienda autonómica.

Y es en esta fase donde la intervención estatal se haría sentir sobre la piel de la sociedad valenciana con toda su virulencia. No existe un decálogo establecido de recortes ni una hoja de ruta para los ajustes, pero expertos presupuestarios han señalado los que en su opinión serían más lógicos en una primera fase.

Entre estas medidas se citan:

• Estudio de la estructura salarial de los funcionarios públicos valencianos y equiparación a los del Estado en los casos en los que éstos sean más reducidos.
• Supresión de las subvenciones a la carrera profesional del personal sanitario y docente de la Administración autonómica.
• Supresión de las pagas extraordinarios de los funcionarios que permita la ley.
• Eliminación de subvenciones a universidades privadas y reestructración del sistema público de universidades.
• Eliminación o limitación de las subvenciones a los colegios concertados.
• Cierre y disolución de buena parte de los 124 organismos, empresas y fundaciones todavía dependientes de la Generalitat a fecha de 1 de enero de 2004, distribuidos entre organismos administrastivos, comerciales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entres públicos, agencias, consorcios, fundaciones, otras instituciones sin ánimo de lucro, universidades y sociedades mercantiles, tal y como figura en la información pública del Ministerio de Hacienda.
  
  

A estas medidas se le podrían añadir, no obstante y de creer las premoniciones apocalípticas que brotan desde la propia Conselleria de Hacienda a la hora de comentar qué representaría la intervención del Estado, "el cierre de hospitales y de colegios, el aumento de impuestos, el despido de miles de funcionarios públicos"...

Una aseveración seguramente exagerada pero no tanto como el actual y creciente endeudamiento de la Comunidad Valenciana, superior a los 30.000 millones de euros asumidos millón a millón durante los últimos 20 años por los diferentes gobiernos del Partido Popular que han administrado las cuentas valencianas partiendo de una situación óptima tanto de deuda como de déficit.

Poca utilidad tienen en estos momentos las justas reivindicaciones acerca de un nuevo sistema de financiación. La deuda del Estado ha alcanzado niveles insospechados y la reforma fiscal recientemente aprobada dificulta el control del déficit estatal. El Gobierno, por tanto, no solo no va a abrir la hucha sino que además necesita una cabeza de turco gobernada por su propio partido para contar con una sóiida coartada a la hora de actuar -en un grado u otro- en otras comunidades igualmente desequilibradas, como Andalucía y Cataluña.

¿Será capaz Mariano Rajoy de cumplir sus advertencias? ¿Hasta qué medida? ¿Se detendrá en la Comunidad Valenciana? Las respuestas llegarán en las próximas semanas o como mucho en los próximos meses, pero antes de las elecciones generales de diciembre de 2015 debe estar todo resuelto.