VALENCIA. Sobrecostes desorbitados en su construcción, ingresos meteóricos del arquitecto, deuda, hipoteca, gigantesco socavón financiero para la Generalitat y, ahora, la imputación de hasta cuatro exaltos cargos del ente público en el caso Nóos.

Los turistas que visitan Valencia se llevan una magnífica postal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un fastuoso complejo que, sin embargo, simboliza el epicentro de la gestión megalómana de los sucesivos presidentes y consellers de Economía del Partido Popular desde que alcanzara el Gobierno de la Generalitat, allá en 1995, y su primer presidente, Eduardo Zaplana, se tomara el asunto como una prioridad.

El aroma faraónico de las edificaciones ha contrastado con los cientos de millones de euros dilapidados en un complejo que, además, ha sido noticia por sufrir inundaciones, goteras o por el abandono de materiales de alto coste junto al recinto. Decenas de imágenes que han terminado por dejar un poso de despilfarro y decadencia en la que debía ser la  'joya de la corona' valenciana.

Al frente de la sociedad pública se sitúa en la actualidad Henar Molinero, la que fuera directora general de Organización en Presidencia y mano derecha de Francisco Camps. Ese fue el cobijo negociado para la dirigente con el nuevo presidente Alberto Fabra.

Ahora, sufre la gestión apadrinada por los que fueron sus compañeros de Consell durante años mientras resuena en los pasillos del Palau de la Generalitat la necesidad de un cambio de modelo del ente dirigida a la privatización y al arrinconamiento de los responsables imputados en la etapa anterior.

EL 'AGUJERO FINANCIERO'

La Ciudad de las Artes y las Ciencias pierde dinero. Según se refleja en la última cuenta general publicada correspondiente al año 2010, la actividad en los diferentes recintos del complejo resulta deficitaria. En ese ejercicio la sociedad perdió 51,2 millones de euros. Los ingresos alcanzaron los 34,1 millones de euros, de los que 22,8 fueron de la venta de entradas.

Esta circunstancia se ve agravada por la importante deuda financiera que arrastra Cacsa derivada principalmente de los gastos de construcción del complejo, que se multiplicaron por encima de lo previsto. Así, según los presupuestos de la Generalitat de 2012, la deuda financiera de la sociedad se eleva hasta 678 millones de euros. Este pasivo se divide en 426,79 millones a largo plazo y 252 millones de deuda a corto plazo.

UN CAMBIO DE MODELO SOBRE LA MESA

Cacsa es una de las sociedades sobre las que planea una privatización de la gestión de sus componentes que no incluiría las edificaciones. Esta posibilidad ha sido reconocida públicamente por el conseller de Economía, Máximo Buch, y por el vicepresidente del Consell, José Císcar. A día de hoy, L'Oceanogràfic viene aplicando ese modelo con resultados aceptables: ganó en 2010 3,09 millones de euros, con un importe de la cifra de negocio de 11,2 millones de euros.

La sociedad, contaba a finales de 2010 con 343 empleados y sumaba un coste de personal anual de 9,5 millones de euros, si bien quedaban fuera los trabajadores del Palau de les Arts, una plantilla más cara que la de Cacsa, que supone 14 millones de euros y que incluye la orquesta. A finales de año, como adelantó este periódico, se anunció una reducción de trabajadores en la sociedad.

SOBRECOSTES EN LA CONSTRUCCIÓN Y HONORARIOS DE SANTIAGO CALATRAVA

La edificación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha visto acompañada desde sus inicios por la polémica. El coste inicial previsto fue sobrepasado hasta doblarse con creces. El coste total del complejo se sitúa en 1.100 millones de euros, 625 millones más de lo previsto.

La pasada semana el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco denunció que el arquitecto del proyecto Santiago Calatrava se embolsó 94 millones de euros por Cacsa, dado que los contratos firmados contemplaban los ingresos en relación al coste final de las obras, lo que propició un aumento de emolumentos por los sobrecostes del proyecto. En esta cifra se incluyen los 15 millones de euros recibidos por el proyecto de las torres que nunca se llegaron a construir, quedando pendientes de venta las parcelas donde iban a ubicarse.

CASO NÓOS: IMPUTACIONES, DIMISIONES Y 'LANZAMIENTO DE PELOTA'

Diferentes testigos e imputados han acudido a declarar por los contratos firmados desde Cacsa con el Instituto Nóos para la organización del Valencia Summit, un evento impulsado por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres de costes elevados y en muchos casos no justificados por los que se embolsaron a 3,1 millones de euros. Los imputados han repartido culpas a fuerzas superiores pese a que sus firmas figuraban en los contratos.

-José Manuel Aguilar. Director de Cacsa de 2003 a principios de 2005 y el primero que autorizó el evento. Aguilar defendió la celebración del Valencia Summit al considerar que encajaba en las funciones de promoción en las que quería participar el ente. Además, negó en su declaración haber recibido órdenes de nadie para la contratación y admitió desconocer los motivos por los que no se exigió al Instituto Nóos la justificación de los costes del evento celebrado, si bien puntualizó que esa fiscalización correspondía al departamento jurídico de Cacsa.

-Elisa Maldonado. Directora de gestión de Cacsa desde 2003 hasta 2008. Declaró ante el juez que Jorge Vela le ordenó manipular un informe sobre Valencia Summit para "vestir el santo". Maldonado, quien admitió sus diferencias con Vela, declaró ante el juez que consideraba que su exjefe era un "cabeza de turco" y apuntó a Gerardo Camps y Luis Lobón como máximos responsables.

-Jorge Vela. Director de Cacsa de 2005 a 2009. Hasta ayer se situaba al frente del Instituto Valenciano de Finanzas. Presentó su dimisión para que su situación "no salpique" ni al ente ni a la Generalitat, aunque recalcó su inocencia y aseguró que la decisión era "puramente coyuntural". En su declaración subrayó que su responsabilidad en los hechos se limitó a firmar la prórroga del convenio y recordó que la decisión debía ser comunicada al entonces conseller de Economía y presidente del consejo, Gerardo Camps. Además, puntualizó que recibió la instrucción del entonces director de Grandes Proyectos, Luis Lobón.

-Luis Lobón. Director de Grandes Proyectos en esta etapa. Ayer presentó su dimisión como secretario autonómico de Turismo tras hacerse pública el lunes su imputación cuando acudió a declarar en calidad de testigo. Lobón mantuvo ante el magistrado que no recibió ninguna orden para contratar a Nóos y defendió que se firmó el convenio ante la importancia y trascendencia del evento a decisión de la dirección de Proyectos.

-Isabel Villalonga. Exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat. Autorizó un pago en 2006 de 241.000 euros a Nóos para la elaboración de unos dossiers que desde la investigación creen que no se produjo. Villalonga, ahora secretaria general en Delegación de Gobierno a las órdenes de Paula Sánchez de León, declaró ante la Fiscalía que parte los documentos debían haberse extraviado en una mudanza. Villalonga, a día de hoy, no se encuentra imputada.

-María Ángeles Mallent. Técnico del departamento jurídico en 2004 y responsable de esta sección posteriormente en Cacsa. Fue imputada el lunes por supuesta prevaricación tras no poder aclarar que no existiera un informe de su departamento del contrato firmado entre Cacsa y Nóos. Un documento "necesario" para el Ministerio Fiscal y que debía haber reflejado "la necesidad y utilidad pública de la contratación" así como "el procedimiento a seguir para poder contratar".