VALENCIA (EFE). El vicepresidente del Consell, José Císcar, apoya que el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, siga en su cargo tras ser imputado por el juez que instruye el caso Nóos en relación a los contratos suscritos por esta entidad y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.

Císcar ha realizado estas declaraciones en la inauguración de una jornada sobre la cadena agroalimentaria que ha organizado en Valencia la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana.

"Una imputación no es una condena. Estamos en un estado muy incipiente del proceso y estoy convencido de que hará (Grau) lo que tenga que hacer y también de que la alcaldesa tomará siempre las mejores decisiones", ha añadido.

"Esa decisión no tiene por qué pasar, como ha dicho la alcaldesa, por otra cosa que no sea que Grau siga ejerciendo sus funciones normalmente", ha añadido el vicepresidente, quien se ha mostrado "totalmente convencido de que este tema "saldrá bien para Grau".

Preguntado por qué haría la Generalitat en caso de que Grau fuese un alto cargo ha respondido que el cargo de vicealcalde no es de libre "designación", sino que "se trata de un cargo elegido directamente por los ciudadanos, como los diputados autonómicos".

Sobre la posición que mantiene el Consistorio respecto a la Fundación Turismo Valencia, al defender su carácter privado frente a las tesis del juez instructor de Nóos, Císcar ha considerado que "se trata de dos interpretaciones jurídicas", si bien considera que la posición del Ayuntamiento tiene "argumentos sólidos" y que "al final prevalecerá" su posición.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, fue imputado ayer y llamado a declarar el próximo sábado en los juzgados de Palma. La imputación de Grau, que declarará a las 16.00 horas, había sido solicitada por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación popular en el caso.

El juez asegura en el auto que "existen indicios fundados de criminalidad" en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios suscritos entre el Instituto Nóos, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar las cumbres llamadas Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.

Castro aprecia esos indicios a partir de las declaraciones de varios testigos en esta causa los pasados 11 y 12 de abril en Valencia y de unos informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la aplicación a dicha entidad de la ley de Contratos de la Administración en el momento de los hechos.

Según el juez, existen "indicios racionales" de que en las diferentes contrataciones "se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado".