VALENCIA. La penosa aventura por la que está atravesando el Centro de Investigación Príncipe Felipe, una de las pocas apuestas de Francisco Camps ajenas al "pan y circo" que dominó su gestión, sumó ayer otros dos eslabones más con las ocurrencias de la secretaria autonómica de Sanidad, Manuela García, en su comparecencia en les Corts. Por un lado, aseverando que la obligación de la Generalitat es exclusivamente mantener el compromiso con los investigadores principales y que éstos, por su parte, "busquen su propia financiación". Y por otro, afirmando sin sonrojo que la actual situación de crisis económica hace tomar decisiones tan duras como este ERE, pero que la intención de la Generalitat es "seguir apoyando la investigación".

En el primer caso, por cuanto se trata de un centro de creación reciente -inaugurado de hecho en 2002- a cuyos equipos de investigación no se les puede aplicar la cláusula habitual en el terreno de la investigación científica de que al cabo de un tiempo para permitir su consolidación, los equipos busquen fuentes diversas de financiación demostrando así su competitividad. Y en el segundo, porque resulta un insulto a la inteligencia que se acuda a la falta de recursos para explicar el recorte de fondos cuando el rosario de eventos de dudosa rentabilidad social, de la Fórmula 1 al Open de la ATP, sólo ha experimentado una baja. Y cuando la aportación pública a su presupuesto supera con mucho los recursos destinados al Centro Príncipe Felipe, en el cual una vez acabado el edificio, la Generalidad ha perdido todo el interés.

Este desprecio por la investigación y el conocimiento cuando el avance de la globalización es para los valencianos cada día que pasa más una amenaza y menos una oportunidad, refleja una política suicida por parte de los gobernantes autonómicos. No hace falta mencionar las directrices de la UE, ya desde los tiempos de Jacques Delors, para mostrarlo. Ayer mismo, el Gobierno Vasco acordó adelantar varios programas de apoyo a la investigación industrial dotados, en conjunto, con más de 84 millones de euros. Su objetivo: dedicarlo a impulsar la I+D+i mediante la realización de proyectos de investigación industrial de carácter estratégico. No hace falta decir que en la Comunidad Valenciana, ni la Conselleria de Economía e 'Industria' ni ninguna otra disponen de un programa de similares características al Etorgai vasco. Ni Enrique Verdeguer ni sus secretarios autonómicos parece que lo tengan previsto.

Todo ello sería menos grave, que no irrelevante, si fuera cierta la pretenciosa afirmación que aparece en la web de la Comunidad Valenciana acerca de que "La apuesta por los grandes eventos ha situado a la Comunitat Valenciana en el centro de referencia del turismo a escala mundial". Al menos se tendría la esperanza de que el mantenimiento del empleo gracias a esos eventos otorgaría un margen temporal al Consell de Alberto Fabra para poder modificar las política seguidas por Camps y contribuyera a corregir la baja productividad de la economía valenciana como consecuencia de la preponderancia de puestos de trabajo no cualificados dentro de ella.

Pero no es así: el paro es superior en la Comunidad Valenciana (24,7%) a la media española (21,5%). Y a ello contribuye una estrategia miope de negar lo obvio: la única esperanza de las próximas generaciones de valencianos para mantener el bienestar actual es apostar por actividades con empleos cualificados. Y para ello, la inversión en I+D es mucho más importante que el pan y circo contratado en los pasados tiempos de euforia y que este presidente de la Generalitat no parece dispuesto a poner fin para concentrarse en lo realmente importante: el presente... y el futuro.