VALENCIA (X.A. /EP). El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado en su cuenta de Twitter que el Gobierno valenciano ha aprobado la reducción de los sueldos de todos los altos cargos del Consell en proporción al desvío del objetivo del déficit de 2012.

De esta manera, el Ejecutivo cumple con su promesa de recortarse el salario en función del incumplimiento de la pauta marcada por el Gobierno central. 

La Comunitat Valenciana fijó su déficit en un 3,5% del PIB, desviándose en dos puntos del objetivo marcado desde Madrid, que estaba situado en 1,5%. 

Este recorte supondrá un recorte total de entre 1.100 y 1.500 euros este año para los altos cargos que cumplieron el año íntegro en su puesto. Una horquilla que oscilará ligeramente dependiendo de los puestos, de menos a más entre directores generales, secretarios autonómicos y consellers.

El importe máximo de ahorro previsto en el presupuesto de 2013 por esta cuestión asciende a 155.433 euros. Asimismo, el vicepresidente del Consell, José Císcar, indicó en rueda de prensa que la reducción en cada una de las personas es proporcional al tiempo que ocupó su cargo en el año 2012 y, de este modo, ha puesto como ejemplo, que si una persona fue nombrada el 20 de diciembre "se tomaría como referencia solamente diez días".

El también portavoz destacó que esta reducción de sueldos es un "compromiso" que formuló el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, articulado principalmente a través del Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014.

Asimismo, subrayó que "es la primera vez que un gobierno regional vincula sus sueldos al déficit registrado" que, en el caso de la Comunidad fue en 2012 del 3,52 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional "a pesar del gran esfuerzo de ahorro realizado" y a que el modelo de financiación "perjudica" a la autonomía valenciana.

DECRETO LEY

La ordenación del mandato se realiza a través de un decreto ley, lo que obedece, por un lado, a que las retribuciones del personal afectado por la norma se incluyen en las leyes anuales de presupuestos, y por otro, "a la necesidad de asegurar no solo que la reducción se ejecuta durante el presente ejercicio, sino que su aplicación no genera perjuicios no deseados entre los afectados", puntualizó el también consejero de Presidencia.

Al respecto, manifestó que estas circunstancias "constituyen el hecho habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que el Estatuto de Autonomía exige en su artículo 44 para la adopción de un decreto ley".