VALENCIA. Gas Natural-Fenosa, proveedora de electricidad de la Generalitat Valenciana, tomó este martes una drástica decisión ante el impago de las facturas de la luz. El corte del suministro a varias sedes de consellerías del Gobierno valenciano representó un duro golpe, otro más, a la imagen de un Consell extremadamente presionado por sus deudas.

Los edificios institucionales sin energía eléctrica, con técnicos enviados por la operadora para quitar los plomos, se convirtieron en una imagen demasiado difícil de digerir.

"Enfadados no, lo siguiente". Así resumía un alto cargo de la Generalitat el malestar generado en el Consell por la decisión de Gas Natural. El propio conseller de Hacienda, José Manuel Vela, mostró su malestar en un comunicado en el que calificó de "incomprensible, inconcebible e injusta" la decisión de la eléctrica.

Vela recordó que el pasado mes de julio, la Generalitat liquidó, gracias al Plan de Pago a Proveedores, toda la deuda que mantenía de ejercicios anteriores  con Gas Natural, y aseguró que este mes de octubre estaba previsto afrontar nuevos pagos pendientes. Según las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com, la intención de Hacienda era pagar 5,5 millones de euros aprovechando la punta de liquidez generada por la llegada del primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El FLA no permite pagar las facturas de la luz, pero sí que el Consell pueda destinar el poco dinero del que dispone tras afrontar los gastos ordinarios, a necesidades perentorias pendientes sin tener que destinarlos a pagar créditos, que sí entran en el fondo.

Pero, sin que se explicasen más precedentes ni cómo se llegó a la situación de este martes, Gas Natural decidió mandar el duro mensaje: si no pagan, se corta la luz. No se desveló el montante de la deuda acumulada con la operadora ni el tiempo que lleva sin cobrar, aunque se entiende de las palabras de Vela que, en lo que va de año, no se han pagado las facturas. 

"Desconocemos la razón de esta medida absolutamente desmesurada y esperamos que GNF pida excusas a los valencianos, ofrezca una explicación coherente a la Generalitat y reconsidere el daño irreparable de imagen causado hoy", ha manifestado el conseller.

LOS LÍMITES DE LA PRESIÓN

Al margen de que a Gas Natural le asiste el derecho de no prestar servicios si no percibe la remuneración acordada, lo cierto es que en la compleja situación que atraviesa la Generalitat Valenciana y otras administraciones públicas, conviene considerar otros elementos sobre la forma en que determinados acreedores públicos, como este caso o en el de los farmacéuticos, están presionando al Consell para cobrar.

Aun teniendo en cuenta que el responsable de la situación es la Administración por no pagar, no parece razonable que la vía que hayan elegido determinados colectivos y entidades sea la de hacer valer su posición de fuerza para lograr un trato preferente en el cobro.

Las eléctricas, en España, reciben un trato preferencial por parte del Estado, que subvenciona con dinero público el conocido como déficit de tarifa. Es la diferencia entre el supuesto coste de generar la electricidad y el precio, limitado por ley, al que pueden venderla al usuario final.

Un hecho que, contrariamente a lo que podría suponerse en lógica económica, no supone que las compañías de electricidad tengan unos beneficios ajustados. El año pasado, Gas Natural Fenosa declaró unos beneficios de 1.325, Iberdrola, 2.804 millones y Endesa 2.212 millones.

Quitar los plomos o cerrar las farmacias, cuyas licencias siguen siendo en España un coto cerrado gracias al sistema de concesiones que controlan los gobiernos autonómicos, son medidas de presión que -se ha visto- dan resultados.

Así, los farmacéuticos han cobrado en lo que va de año más de 500 millones de euros por el coste de las medicinas que cubre la Generalitat. Se les deben varias mensualidades y tiene razones para quejarse. Pero su capacidad de presión supera al de otros colectivos que llevan ya no meses sino años de retraso en percibir ayudas concedidas. 

Hace unas semanas, tras una manifestación de personas dependientes a las que la Generalitat no les paga las ayudas, el vicepresidente del Consell, José Císcar, dijo una frase lapidaria: "Preferiría ver manifestándose a banqueros [por impagos] que a personas dependientes". Pero la capacidad de presión de los bancos, que son a los primeros que hay que pagar por Ley (y nada menos que por la Constitución, reformada al efecto), las grandes compañías o los lobbys son mucho mayores que las de las personas que necesitan asistencia incluso para el día a día.

Y no parece muy justo que esas demostraciones de fuerza inclinen la balanza sobre quién cobra primero. Fundamentalmente porque no se atiende al que debería ser criterio esencial para un Gobierno: el bienestar de los ciudadanos. La ley del más fuerte no es compatible con un Estado democrático e igualitario.