VALENCIA (X. AGUAR). La consigna desde hace meses en Presidencia de la Generalitat ha sido clara: la remodelación del Gobierno valenciano se acometerá cuando el desgaste haya exprimido lo suficiente a los consellers heredados del Ejecutivo formado por Francisco Camps.
Sin embargo, la estrategia de dejar que los consellers se ‘quemen' con los recortes y reformas ha empezado a resultar inservible. El ‘escudo humano' elaborado por Alberto Fabra a través de los responsables autonómicos de las diferentes carteras ha caído y el daño directo está empezando a sufrirlo el propio presidente de la Generalitat.
Hasta su propio número dos, el eficaz vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, ha dado muesras de acusar la difícil situación del Consell en las últimas ruedas de prensa posteriores al pleno del Gobierno valenciano.
Resulta lógico. El rechazo de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, el tardío y polémico reparto del Fondo de Liquidez Autonómico, las continuas protestas en diferentes ámbitos (este miércoles llegaron a coincidir media docena de ellas en Valencia) o los cortes de luz por los impagos, son algunas de las situaciones que han elevado el desgaste hasta la Presidencia de la Generalitat.
Dirigentes del PP valenciano consultados por este diario se preguntan desde tiempo atrás a qué espera el presidente de la Generalitat para remodelar el Consell que heredó de la etapa anterior, hace casi un año y medio. Consideran que una crisis de Gobierno serviría, además de para ofrecer nuevas caras que pudieran aportar nuevas soluciones, para "cambiar el paso" y lograr un pequeño respiro ante la opinión pública.
Sin embargo, Fabra decidió hace meses aguantar la remodelación hasta que el desgaste de los consellers se hubiera consumado. Ese momento, según coinciden fuentes de la Generalitat, estaría muy próximo: de hecho, apuntan a que la reforma del Ejecutivo se pondrá encima de la mesa tras resolver el debate y aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2013.
EL RETO: ENCONTRAR CONSELLERS DE GARANTÍAS A PRECIO DE SALDO
No es tan sencillo. La situación de la Generalitat ofrece pocas alegrías. Sin dinero para la inversión, con diferentes colectivos enfadados, ínfimo tiempo de adaptación para los nuevos inquilinos de las consellerias y un sueldo -57.000 euros anuales- que cualquier directivo de cierto nivel supera con creces en la empresa privada. Condiciones poco atractivas para cualquier aspirante con un alto 'caché'. A ello hay que unirle que el presidente Fabra, según coinciden distintas fuentes de la Generalitat, no dispone de un "banquillo profundo" donde elegir a los próximos consellers.
La nómina de responsables del Gobierno que han sufrido desgaste es amplia, por lo que Fabra puede acometer una remodelación en la que prescinda de más de la mitad del Consell y en la que reduzca un tercio el número de consellerias.
Los valores más seguros de continuidad, son los que Fabra ha ascendido o nombrado en este año y medio: el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, la consellera de Educación, María José Catalá, y el titular de Economía, Máximo Buch.
A partir de ahí, todos podrían ser relevados. Luis Rosado (Sanidad) ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses con la reforma sanitaria destinada a profundizar en la privatización de servicios. Un cambio cuyos pliegos definitivos se presentarán este viernes o, como tarde, el próximo, según fuentes del Consell. En cualquier caso, los resultados de esta reforma, han causado un fuerte revuelo y no alcanzarán las cotas previstas en ingresos que esperaban desde la Generalitat.
El titular de Hacienda, José Manuel Vela, también ha estado en primera línea de fuego desde que comenzó la legislatura. Presupuestos, negociaciones con Madrid, pulso con los sindicatos... El conseller ha sido el principal damnificado de la división en dos de la cartera de Economía y el responsable político principal al que todos han mirado en el momento de los impagos.
Pero todos los consellers están sufriendo el desgaste. El titular de Justicia, Jorge Cabré, con las protestas de colectivos del sector; la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, con los EREs y la polémicas en FGV o Vaersa; la responsable de Cultura, Lola Jonson, con el poco ‘feeling' con los empresarios del sector turístico; Martitina Hernández, al frente de Agricultura, cuyo mayor hándicap es la propia ruptura de relación con Presidencia de la Generalitat; o Serafín Castellano, conseller de Gobernación y, al mismo tiempo, secretario general del PPCV, un cargo de suficiente entidad para ocuparlo con dedicación exclusiva.
