VALENCIA (VP). Un día después de que el consejo de administración de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) -propiedad del Ayuntamiento- anunciara que la representante del PP en su consejo de administración, Lola Moncho, factura a esta firma pública 4.235 euros mensuales a través de la empresa privada Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico S.L, propiedad de su sobrino, Ricardo Nadal Mocho, surgen nuevos detalles sobre la relación de Moncho con esta segunda empresa.

Según ha podido conocer Valenciaplaza.com, desde el pasado 27 de noviembre de 2013 el administrador único de esa empresa es Daniel Furió Moncho, hijo de Lola Moncho y que, además, fue gerente de IPG desde julio de 2011 hasta diciembre de 2012.

Este hallazgo pone en relieve la posible "nulidad" de los contratos firmados por IPG a la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico S.L y vincula aún más a Lola Moncho con dicho ente. "Los contratos han sido firmados por el señor Torró y Ricardo Moncho cuando tendrían que haber sido firmados por su hijo", han denunciado a esta redacción fuentes cercanas a la empresa pública.

De hecho, tal y como se refleja en el registro mercantil, el 27 de noviembre de 2013 Furió Moncho se inscribe en Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico S.L como Administrador Único de la sociedad. Una fecha anterior a los contratos firmados con IPG en 2014 y en cuya rubrica figura el nombre del antiguo administrador, Ricardo Moncho. Esto que, aparentemente, podría ser "ilegal", estaría dentro de la normalidad si el sobrino de Lola Moncho fuera un consejero delegado o tuviera poderes para firmar.

Cabe recordar que esta empresa viene facturando anualmente más de 55.000 euros, que se abonan a razón de 4235 euros mensuales por labores de asesoramiento para la implantación de diferentes proyectos como el parque acuático, la Universidad Católica o la Ciudad Agroalimentaria. Según fuentes consultadas, las facturas han sido cobradas "puntual y religiosamente" y desde el 30 de enero de 2013 al 30 de mayo de 2015 ha percibido de IPG 158.500 euros. Por tanto, es una de las pocas empresas que trabajan con la empresa pública que tiene su saldo al día.

Ante la posible ilegalidad de este hecho y la contundencia de la consejera del PP al afirmar "no voy a dimitir", fuentes cercanas a IPG han reconocido que "estamos estudiando tomar medidas legales contra Lola Moncho" y han asegurado que en estos momentos los abogados del consistorio están estudiando los documentos y facturas presentados hasta la fecha.