MADRID. (EFE) El juez Santiago Pedraz ha tenido que citar por tercera vez al expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler después de que no haya comparecido en dos ocasiones a su llamamiento para declarar como imputado, y lo ha hecho advirtiéndole de que si no acude esta vez será conducido "por la fuerza pública".
En una providencia el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado al empresario a través de la Unidad de Policía Judicial para el próximo 8 de enero con el "apercibimiento de su conducción por la fuerza pública" si no se persona en esa fecha.
El promotor fue emplazado por primera vez a comparecer el pasado 14 de noviembre como imputado por presuntas irregularidades en tres operaciones urbanísticas de las sociedades Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverchel, momento en el que pidió hacerlo por exhorto por motivos de salud, han informado fuentes jurídicas.
Sin embargo, dos días antes, el Juzgado recibió sin cumplimentar "en ninguno de los particulares de auxilio requerido" el exhorto, que llegó a Valencia a finales de octubre, bajo la excusa de que no se adjuntaba copia de la cédula de citación ni de la resolución en la que acordaba la citación.
Así, Pedraz decidió aplazar su comparecencia para el 28 de noviembre y le enviaba nuevamente la citación y la copia de la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB) que dio origen a su imputación por tres delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal.
Pero tampoco entonces hizo caso del llamamiento judicial alegando en un fax "falta de tiempo" para poder estudiar la causa, lo que ha llevado al juez a lanzarle esta advertencia tras recordarle que ha sido informado debidamente de los hechos que se le atribuyen en la querella.
TRES OPERACIONES URBANÍSTICAS
En esta pieza, Pedraz indaga sobre la regularidad de estas tres operaciones urbanísticas que provocaron, según el FROB, un agujero de 160.534.544 euros.
Por ellas, imputó al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra junto al entonces director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer y los empresarios Salvador Vila, Soler Luján y Fernando Polanco, entre otros.
En su escrito, el fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron "más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder" de Parra, "con el fin de obtener un lucro ilícito" a favor de sus "socios" a costa de la entidad.
La de Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler, consistió en la adquisición de terrenos en Chiva (Valencia) que generó una deuda de 109,6 millones que el banco tuvo que refinanciar "con dinero público tras el correspondiente apoyo financiero del FROB", generando un perjuicio superior a los 83 millones.
Mientras, Valenciana de Viviendas "actuó como sociedad instrumental" para adquirir en 2008 unos terrenos de Urbanas de Levante, vinculada a Soler, en Vergel y Patraix (Valencia), subrogándose en la deuda, que previamente tenía la vendedora contratada con BdV, con la que se generó un impacto de 137,4 millones y un perjuicio de 47.468.540 euros.
La última operación giró en torno a Faverch Desarrollos, en la que intervinieron Polanco y Pascual con el fin de adquirir una serie de terrenos en Chiva y causó por su parte un agujero de 29.816.004 euros.
Junto a esta querella, el FROB presentó otras siete por gestión desleal contra los antiguos responsables del banco valenciano, entre ellos su expresidente José Luis Olivas, y varios empresarios, por haber emprendido actuaciones "de dudosa racionalidad económica" en perjuicio de la entidad.
La entidad valenciana fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del Fondo.
