MADRID (EP/VP). El PP se ha opuesto de nuevo este jueves en el Pleno del Congreso a la aprobación de una moción para instar al Gobierno a impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica "de forma inmediata" para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos esenciales.
Los diputados de la bancada 'popular' han sido los únicos que han votado en contra de una moción consecuencia de interpelación presentada por el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres con el objetivo de reclamar al Gobierno que reactive la revisión del actual sistema de financiación. El PSOE y la Izquierda Plural han apoyado la iniciativa mientras que CiU, PNV, ERV y BNG han optado por la abstención.
La pasada semana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya adelantó que el Gobierno no tenía previsto reforma el modelo de financiación de las comunidades autónomas durante esta legislatura porque su objetivo prioritario era lograr la consolidación de la economía y la creación de empleo.
En el debate de la iniciativa celebrado este miércoles en el Congreso, el diputado del PP Fernando López-Amor insistió en el argumento del Ejecutivo y animó a las autonomías a trabajar en la suficiencia financiera a partir del gasto y no pensando sólo en los ingresos que reciben.
"La ley se hará cuando los objetivos prioritarios de política económica de este Gobierno estén cumplidos", insistió el diputado 'popular', que además recordó los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para en ayuda de las autonomías, como el plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Sin embargo, este argumento se encontró con el rechazo de toda la oposición, que insistió en la necesidad de acometer con urgencia la reforma del modelo de financiación para dotar de los recursos necesarios a las autonomías y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios básicos.
El diputado de Foro, Enrique Álvarez Sostres, lamentó que el Gobierno incumpla con su compromiso de reforma pese a reconocer la "injusticia" del actual modelo y advirtió de que, con ello, el Ejecutivo manda a los ciudadanos el mensaje de que "no son una prioridad".
RAJOY "INCUMPLE LA LEY Y SU PALABRA"
También el diputado del PSOE Antoni Such, con quien Álvarez Sostres había consensuado el texto de la iniciativa, incidió en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "incumpliendo la ley" al no reformar el modelo de financiación y además "incumpliendo su palabra", ya que se había comprometido a hacerlo en numerosas ocasiones.
Por su parte, el diputado de CiU Antoni Picó volvió a acusar al Gobierno de "incumplir" el mandato legal de revisar el sistema porque implicaría poner sobre la mesa más recursos y prefiera, según censuró, que las autonomías "dependan de unos créditos del Estado" que después tienen que devolver.
También Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que la revisión del modelo debería ponerse en marcha sin esperar a la siguiente legislatura, ya que las autonomías no pueden depender de los mecanismos extraordinarios del Gobierno, según sostuvo el diputado 'magenta' Álvaro Anchuelo.
Mientras, el diputado de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Josep Nuet recordó que el 85 por ciento del presupuesto de las comunidades está destinado a los servicios de educación, sanidad y servicios sociales y advirtió de que al PP "le viene de fábula" el "colapso" del actual modelo de financiación porque le sirve para utilizar a las comunidades como "chivo expiatorio" de la crisis del país y además le permite "imponer sus tesis de recortes y austeridad".
PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y COORDINACIÓN
La iniciativa pedía el impulso de la renovación del modelo de financiación para ser aprobado "de forma inmediata" garantizando que todos los ciudadanos accedan con igualdad de condiciones a los servicios públicos con independencia de dónde vivan.
Además, quería que el nuevo sistema se elaborase contemplando los principios de solidaridad y coordinación recogidos en la Constitución y que los cambios tuviesen efecto desde el 1 de enero de este año, cuando debería haber entrado en vigor el nuevo modelo.
Mientras, instaba al Gobierno a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) los estudios aportados por las comunidades autónomas haciendo balance del funcionamiento del actual sistema y proponiendo un nuevo esquema para el futuro.
