La admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley aprobada por les Corts que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal y la suspensión inmediata de su aplicación, constituyen una excelente ocasión para hacer borrón y cuenta nueva. En decir, para acabar con el rosario de despropósitos que están salpicando la situación de la política valenciana y sus relaciones con el Gobierno central cuando hay problemas de calado en la economía cuya resolución exige una imprescindible colaboración institucional.

Bien está el enfrentamiento entre opciones políticas diferentes. Y es probable que haya que aceptar que éste supere en algunas ocasiones el nivel que para muchos nunca debiera alcanzar. Pero lo que no es de recibo en medio de una crisis económica de proporciones considerables -ahí está la tasa de desempleo para mostrarlo- es que se elija la estrategia del enfrentamiento como única opción.

Del sistema financiero de las cajas, a la innovación, pasando por la práctica totalidad de los aspectos que preocupan a empresarios y trabajadores, y por tanto a los ciudadanos, existe una abultada agenda que necesita para resolverla de las colaboración entre el Gobierno de España y el de la Comunidad Valenciana.

Seguir centrando el debate social en aspectos sin duda relevantes pero desvinculados de los retos a los que nos enfrentamos para mantener el nivel de bienestar alcanzado, no es sólo un lujo que no nos podemos permitir. Es una torpeza que más pronto que tarde se pagará. No necesariamente en las urnas, sino en algo mucho más importante como es el nivel de vida que, con tanto esfuerzo, hemos obtenido.