VALENCIA. Nada más tomar posesión como secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer viajó a Benidorm, donde se comprometió a lograr "un mayor grado de percepción de calidad y excelencia" en la oferta turística valenciana. Si hay algo que perjudica la imagen de la Comunitat como destino, a juicio de hoteleros y empresas de apartamentos turísticos, es la abundante oferta de pisos sin licencia, a menudo publicitados en portales como Airbnb o Homeaway.
Estas plataformas tienen prohibido en la Comunitat anunciar apartamentos sin registrar, como adelantó ValenciaPlaza.com, desde que Fabra aprobó el decreto 75/2015, a cinco días de las elecciones que lo desalojaron del Gobierno autonómico. La norma actualiza el Reglamento de Apartamentos Turísticos valenciano y considera "responsables solidarios" a los portales que difundan anuncios de pisos sin incluir su número de registro.
Airbnb, en el punto de mira si se aplica el decreto, asegura que la legislación valenciana está creada para "profesionales que poseen propiedades que explotan para uso turístico exclusivamente". No opina así Luis Martí, presidente de la Federación Hotelera de Valencia, que entiende que la norma es "aplicable a cualquier operador que tenga beneficio económico". En este sentido, el portal cobra entre un 6% y un 12% del importe del alojamiento a los huéspedes y un 3% a los propietarios de los pisos.
NORMATIVA QUE "NO SE CUMPLE"
"Si alguien es colaborador de una ilegalidad es responsable, no puede ser que se opere en el mercado con absoluta impunidad", denuncia Martí. El hotelero asegura que la normativa, aprobada tras las demandas de las patronales del sector, "no se está haciendo cumplir". De hecho, no le consta "ninguna sanción a ningún portal". Aclara, eso sí, que los hoteles conviven "con total normalidad" con los apartamentos legales, contra los que nada tienen que objetar.
Hoteleros y empresarios de apartamentos legales son cómplices en la batalla contra la competencia de los pisos sin licencia. Pepe Castelló, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Valencia (Apartval), aboga por "inspeccionar para que de miedo realizar actividad no reglada" y explica el ejemplo de Barcelona, donde se exige "un consentimiento expreso de la comunidad de propietarios" para dedicar immuebles de una finca a uso turístico.
Castelló dirige Valencia Flats, la principal empresa autorizada de pisos turísticos del Cap i Casal, y ve "competencia desleal" en la oferta no reglada. "Nadie sabe quién duerme ahí, pueden vender a un importe menor al del mercado y hacen bajar el precio global", lamenta. Sus cálculos cifran en 700 los apartamentos sin licencia en la ciudad de Valencia. Según Turismo, la oferta legal en la capital supera los 1.200 pisos, 40.000 en el conjunto de la Comunitat.
¿OFERTA DESCENTRALIZADA?
Airbnb reconoce haber creado "una nueva categoría de viajes". El portal, que ha logrado ya un valor en bolsa superior al de cualquier grupo hotelero, defiende que los anfitriones no son "gestores de una empresa" sino "gente normal que de vez en cuando comparte sus hogares".
La plataforma se enmarca en la llamada economía colaborativa, basada en compartir bienes y servicios mediante medios digitales. "La mayoría de nuestros anuncios se encuentran fuera de las áreas más concurridas, descentralizando el turismo y dirigiendo muchos visitantes hacia nuevos barrios", indican fuentes de la compañía.
Un reciente informe de Exceltur cuestiona que la oferta de Airbnb se encuentre tan repartida, pues apunta que el 45% de los pisos están en Ciutat Vella, Eixample, Extramurs y Poblats Marítims. La situación es similar a la de Cataluña, donde el ejecutivo autonómico está preparando una ley sobre economía colaborativa. En Barcelona el 96% de la oferta se concentra en la mitad de los barrios, según el geógrafo Albert Arias.
ECONOMÍA COLABORATIVA O LUCRATIVA
"Airbnb contribuye a la sobreexplotación turística de los barrios más congestionados", opina. Por su parte, Martí considera que los portales de alquiler de pisos turísticos "revisten de economía colaborativa lo que es economía lucrativa" y enfatiza que los apartamentos autorizados "pagan a Hacienda".
Los viajeros que optan por Airbnb para buscar alojamiento "desean viajar de una manera más auténtica", argumentan fuentes del portal. Sin embargo, según una encuesta a 2.200 clientes de pisos turísticos realizada por el lobby Exceltur, solo el 6,1% de los clientes eligen esta opción por la experiencia. Para alrededor de la mitad (52,7%), el motivo principal es el precio. Según el informe, si se aplicara la normativa, dormir en un piso turístico sería 17 euros al día más caro.
Así las cosas, Martí pide que "se aplique la ley" en la Comunitat, donde cree que hay 26.000 camas en alojamientos "no legales", de las cuales 10.000 en la ciudad de Valencia. "Si un hotel incumple cualquier normativa, se le sanciona", sostiene. Castelló, por su parte, apuesta por "regularizar" la actividad de los apartamentos y, a título personal, "legalizaría" los portales como Airbnb. La asignatura pendiente, reconoce Martí, es que el ciudadano "perciba el valor de un alojamiento legal".
