VALENCIA (EFE). Fernando Benzo, exresponsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, y actual subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está citado a declarar como imputado mañana por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.
Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, junto a Benzo están citados a declarar mañana en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, y el ex director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (Sptcv) Javier de Diego.
El secretario autonómico de Hacienda declarará por su etapa como director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana.
Según las citadas fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava no está imputado en este asunto.
La causa abierta por el juzgado castellonense investiga las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.
El proyecto se encargó al arquitecto Santiago Calatrava en 2008, y la Generalitat pagó 2,7 millones a este por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque el proyecto fue suspendido temporalmente a finales de 2012 por el Gobierno valenciano debido a la coyuntura económica.
Antes de que el Gobierno valenciano descartara llevar a cabo el proyecto en el corto plazo, Esquerra Unida denunció en 2011 ante la Fiscalía de Castellón irregularidades en la adjudicación del citado proyecto en la cual aseguraban que se podían haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración pública.
La Fiscalía, sin embargo, decretó el archivo de la causa en marzo de 2011 e instó a la formación a presentar la denuncia ante el juzgado si lo consideraba oportuno, aunque no se presentó por parte de la formación.
La causa abierta en el citado juzgado de Castellón parte de una denuncia de un particular presentada ante la Fiscalía de Torrevieja, que la Fiscalía de Alicante, ante la falta de competencia territorial, remitió al decanato de Castellón, que por turno lo pasó a dicho juzgado, según las fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
