VALENCIA. La ampliación y modernización de Feria Valencia acabará costándole a todos los valencianos 1.027 millones de euros. Una cantidad elevadísima para una obra que pudo haber costado mucho menos de haberse cumplido el plan inicial que fue abortado por la alcadesa de Valencia Rita Barberá.
Para comprender la complejidad de la historia que ha acabado en el demoledor informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana sobre el destino del dinero en las obras de ampliación del recinto ferial hay que remontarse hasta 1999. Aunque a primera vista parece una fecha muy lejana, es entonces cuando empieza a fraguarse todo la historia de sobrecostes y sospechas de gestión desleal que ha desvelado el órgano vinculado a la Conselleria de Hacienda.
En aquellos años Feria Valencia estaba presidida por Antonio Baixauli, un empresario del sector del mueble que, con su equipo directivo encabezado por Rafael Olcina, plantearon una modernización de la instalaciones. La feria ocupaba unos pabellones vetustos en el terreno que históricamente tenía cedido por una concesión el Ayuntamiento de Valencia en su término municipal.
El plan de Baixauli, sin embargo, no contemplaba seguir en el mismo espacio. La base militar de Manises, a escasos metros del recinto actual pero en otro término municipal, había quedado libre y había un gran espacio para montar desde cero un nuevo recinto expositivo. Las ventajas de plantear ese proyecto eran grandes: por un lado, Feria Valencia no vería interrumplida su actividad mientras se construían los nuevos pabellones, por otro, el suelo era llano, no como el que ocupaba en la actualidad.
Este último dato era esencial, puesto que construir sobre el terreno con grandes desniveles como el actual encarecía notablemente el coste de la obra. Además, en Manises había suelo de sobra, no como en el constreñido espacio que albergaba los pabellones, lo que permitía haber construido inicialmente los espacios necesarios para la actividad que entonces tenía el recinto y, en caso de crecer, construir nuevos.
Pero, y aquí llega el quid de la cuestión, eso significaba dejar el término municipal de Valencia. Y ahí se plantó Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y, como tal, presidenta del patronato de Feria Valencia. Los que vivieron aquel episodio, que acabó con la salida de Baixauli, recuerdan perfectamente las presiones que ejerció Barberá para abortar un plan de modernización que se consideraba razonable.
RITA BARBERÁ DISPONE E IMPONE
"Resulta increíble que Rita Barberá rehuya su responsabilidad en el fiasco de Feria Valencia cuando fue la pieza clave para que se llegase a la situación actual", recuerda un miembro del equipo de gobierno ferial de aquella época. Lo cierto es que la presión de la alcaldesa y su negativa tajante a que la feria abandonase su ubicación actual forzó el relevo en la cúpula de la institución. Baixauli y Olcina, que entraron con la llegada del PP a la Generalitat en sustitución del histórico doblete formado por Ramón Cerdá y Alejandro Máñez, fueron sustituidos en diciembre de 1999.
La mano de Rita Barberá se volvió a notar en los nuevos nombramientos. La presidencia cayó en manos del empresario textil Alberto Catalá, un hombre muy próximo al círculo de colaboradores de la alcaldesa. Y la dirección general fue a parar a Belén Juste, amiga personal de la alcaldesa.
Aunque Catalá reunía el perfil de empresario vinculado a un sector con una presencia relevante en feria -el textil para el hogar- sus lazos con el poder municipal levantó ciertas suspicacias. Pero más polémica fue la decisión de poner al frente de la dirección del recinto a Belén Juste.
La actual diputada del PP en el Congreso era una agente comercial sin ninguna experiencia en el negocio. Su bagaje se limitaba a la comercialización de algunos locales de galerias comerciales urbanas, frente a la magnitud de una cita ferial cualquiera. Pero la voluntad política se impuso.
EL DUO CATALÁ-JUSTE TOMA LAS RIENDAS
En el año 2000 empieza el mandato del duo Catalá-Juste y se replantea la totalidad del proyecto. Ya no hay plan para Manises. Feria Valencia seguirá en su ubicación. El arquitecto de cabecera de la alcaldesa, José María Tomás, recibe el encargo de diseñar el nuevo recinto, que se tendría que reconstruir sobre los cimientos del actual, con unos costes elevadísimos por la orografía, la demolición y la obligatoria compaginación de las obras con la actividad ferial.
El diseño de Tomás va más allá de nuevos pabellones y un aparcamiento. Florece un centro de convenciones y una plaza de acceso a todo el recinto. Todo nuevo y muchos más metros de los que la feria había necesitado jamás hasta entonces. Nadie pone freno.
El número cuatro de feria (tras Barberá, Catalá y Juste), Carlos de Vargas, es el que se encarga de coordinar las obras. La financiación se articula a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con la Generalitat como avalista de los créditos que tiene que solicitar la feria para pagar unas obras que aumentan de precio sin parar.
El informe de la Intervención de la Generalitat es inmesericorde con el proyecto finalmente desarrollado: desproporcionado para el negocio que tenía Feria Valencia en su mejor momento. Absurdo para la situación actual. Y más: la gestión del negocio durante esa década fue mala, hasta el punto de que ni se fueron ajustando los gastos ordinarios al descenso de la actividad.
Crisis económica, mala gestión ordinaria y sobrecostes. Un combinado al que solo le quedaba un elemento: la falta de justificación de parte de esos gastos excesivos. El informe de la Intervención viene a confirmar lo que era vox populi en Valencia. En la feria se gastó sin control.
La gestión de Juste, que después de salir de la feria fue consellera con Francisco Camps, fue criticada durante su mandato y ahora puesta en tela de juicio incluso por su forma de adjudicar contratos a dedo y a precios fuera de mercado. La de Catalá, como presidente, también ha estado salpicada por la duda en el uso del cargo más allá del interés de la institución.
Todo aquello, avalado por el patronato de Feria Valencia presidido por Rita Barberá, ha desembocado en un coste para las arcas públicas de 1.027 millones de euros. Pero la alcaldesa de Valencia insiste en que no tiene nada que ver.
