VALENCIA (EFE/VP). El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que obligaba al Gobierno valenciano a entregar a Compromís encuestas pagadas por la Generalitat, que además sienta jurisprudencia en España sobre la entrega de documentación a los diputados autonómicos.

Así lo ha dado en conocer en rueda de prensa la diputada de Compromís Mònica Oltra, quien ha destacado que lo relevante de esta sentencia es que, junto a una dictada en 2013 sobre los contratos menores de Gürtel, genera jurisprudencia, a la que podrá recurrir cualquier cargo público cuando un Gobierno le deniegue información.

La sentencia condena al Gobierno valenciano a pagar 3.000 euros en costas, si bien Oltra ha anunciado que reclamarán al Tribunal de Cuentas que se exija ese pago a los consellers, ya que los valencianos no tienen que pagar "las fechorías" ni la "actuación injusta" de los miembros del PP en el Ejecutivo.

Ha explicado que el Consell ha pagado con dinero público 2,3 millones de euros en encuestas, a las que solo ha tenido acceso el PP y que las ha utilizado para preparar "su estrategia de campaña", lo que en su opinión "no es legítimo" y duda de que sea "legal", y estudiarán si puede haber prevaricación en la actuación del Consell.