El PP enmendó el plan de proveedores para incluir acuerdos en Sanidad y Educación en marzo, justo cuando se estaba estudiando el cambio de modelo en la Comunitat de gestión sanitaria hacia la privatización
VALENCIA. Las concesionarias de gestión sanitaria público-privada recibirán 80 millones de euros a través del conocido como plan ‘Montoro' de facturas pendientes a los proveedores. De esta manera, la conselleria de Sanidad hará frente a atrasos con estas empresas y, de paso, ‘limpiará' la imagen de la gestión sanitaria público-privada en fechas cruciales tras el anuncio del cambio de modelo en este ámbito que profundizará en la privatización de servicios.
Cabe recordar que el PP presentó en marzo enmiendas a su propio plan de pago para que no se limitara a obras, servicios y suministros, sino que también abarcara conciertos en materia de sanidad, educación y servicios sociales, así como a todos los servicios incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Estas enmiendas, coinciden cronológicamente según informaron fuentes del Consell en su día, con los primeros pasos que el proyecto del cambio de modelo sanitario se encontraba dando entre bastidores del Gobierno valenciano.
Los retrasos en los pagos de la Generalitat han sido uno de los problemas que han encontrado los gestores del modelo público-privado valenciano. Fuentes del sector aseguran que con la intención anunciada por el Consell de profundizar en la privatización de servicios, si la Generalitat "se pone al día en los pagos" con las concesionarias "contribuirá a generar confianza" en el sector.
Según las fuentes consultadas por este diario, los principales beneficiados por estos pagos que ascienden en total a 80 millones de euros serán, principalmente, el Hospital de Manises, cuyos accionistas son Sanitas (60%) y Ribera Salud (40%), y el Hospital de Vinalopó en Elche, donde participan Ribera Salud (60%) y Asisa (40%).
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES: EL ‘MANÁ' ENTRE JUNIO Y JULIO
El citado plan ‘Montoro' para el pago inmediato de facturas pendientes se viene aplicando este mes de junio y se culminará antes de agosto.
Los primeros en cobrar están siendo los proveedores de los ayuntamientos, a los que le seguirán los de comunidades autónomas. Se ha abierto la posibilidad de ampliación del plazo por parte del Ministerio de Hacienda dado que el fondo previsto total de 35.000 millones de euros no se ha agotado con las planes de saneamiento enviados.
