VALENCIA. La oposición manifestada por el conseller de Economía, Rafa Climent, respecto a la construcción del megacentro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna tendrá un efecto práctico muy limitado, ya que las autorizaciones pendientes para el desarrollo de este complejo escapan a sus competencias. El plan, en el que el fondo Eurofund y el operador de centros comerciales británico Intu prevén invertir hasta 800 millones de euros, quedó exonerado de tener que solicitar la licencia comercial desde el momento en el que se le concedió la declaración de Actuación Territorial Estratégica (ATE).

El anterior Consell del PP otorgó esta consideración al proyecto a finales de 2012 al entender que se trata de una iniciativa de especial relevancia económica, ya que los promotores prevén que su desarrollo generará 5.000 puestos de trabajo. La figura jurídica del ATE, impulsada por el anterior Gobierno de la Generalitat para agilizar los trámites administrativos de los proyectos de especial envergadura, libera a Puerto Mediterráneo de solicitar permisos de actividad comercial, por lo que el único resquicio que le quedaría al Consell para frenarlo sería la memoria de impacto ambiental.

El pasado lunes, durante una reunión con la Plataforma de Comercio y la Unió Gremial, Rafa Climent aseguró que la Generalitat "no está por la labor" de apoyar el desarrollo de este centro comercial y de ocio por motivos medioambientales. El director general de Comercio, Natxo Costa, fue todavía más explícito al asegurar que, sí de él dependiera firmar la paralización del proyecto, lo haría.

En la actualidad, el proyecto ha ido superando los trámites que inició en 2011 y ya cuenta con 39 informes favorables del Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El plazo para la presentación de alegaciones al plan ha concluido recientemente, por lo que sólo restaría trasladar esas posibles alegaciones al proyecto final y presentar la memoria ambiental. Las autorizaciones pendientes dependen de la conselleria con competencias en vertebración del territorio.

Preguntado sobre su oposición al plan, el conseller de Economía aseguró este martes que su oposición al proyecto se basa en las "reservas" sobre aspectos medioambientales. "No tengo demasiado conocimiento técnico del complejo, pero sí tengo que decir con toda claridad es que en un primer encuentro con la consellera de Medio Ambiente veíamos que había muchos ‘peros' en el complejo que están sobre la mesa", declaró.

Preguntado por si haría gestiones para frenar el proyecto, Climent apostó por esperar a que todas las consellerias "tengan los estudios encima de la mesa" porque hasta entonces no se podrá "decir nada sobre un proyecto determinado". "Estamos hablando de un modelo. Y lo que quiero que se tenga claro que nuestro modelo no es el de las grandes superficies por las grandes superficies y más si pensamos que probablemente pueda haber especulación al lado", aseguró.

"Nuestro modelo no va encaminado a las grandes superficies y además a las grandes superficies depredadoras", insistió el conseller de Economía, quien manifestó que para "dejar un mundo mejor a las generaciones futuras" se debe garantizar "la sostenibilidad económica, medioambiental y social" de los proyectos de este tipo.

LOS INVERSORES MANTIENEN LA INTERLOCUCIÓN 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, evitó entrar en polémicas. En una comparecencia previa a una reunión con el conseller y preguntado sobre su opinión respecto a que el Consell se haya posicionado tan claramente en contra de un proyecto de inversión privado, Morata dijo que la Cámara de Comercio "defiende el interés general" y valora "los proyectos que realmente generen crecimiento, sobre todo los industriales porque son los que apoyan las exportaciones". "Nosotros hemos defendido siempre las inversiones extranjeras, pero siempre que cumplan el marco legal establecido", añadió.

Mientras, el consejero en España de Intu-Eurofund, Salvador Arenere, aseguró ayer a ValenciaPlaza.com que la compañía mantiene la interlocución tanto a nivel técnico como política con las instituciones que tienen responsabilidad sobre la ATE. "Estamos avanzando", resumió.

Arenere explicó que los contactos se desarrollan con los técnicos de la Conselleria de Infraestructuras, hoy transformada en Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, porque es este departamento el que tiene las competencias sobre el plan.