VALENCIA (EFE). El proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, aprobada por el pleno del Gobierno valenciano el pasado 30 de diciembre, ha iniciado hoy su tramitación en Les Corts Valencianes.

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha sido en encargado de presentar esta norma en la Cámara autonómica, y ha reclamado a los grupos que el debate parlamentario sea "positivo y enriquecedor" con el fin de aportar "fortaleza" a estos organismos.

El objetivo de esta nueva regulación es optimizar la estructura y funcionamiento de las cámaras, adaptándolo al contexto económico y jurídico, reforzando su carácter representativo y de defensa del interés general de la actividad económica y empresarial en su conjunto, y no solo de determinados sectores, asociaciones colectivos de empresas.

Los grupos de la oposición no han presentado enmiendas a la totalidad pues consideran necesario una ley en esta materia, pero confían en que durante el trámite de enmiendas se pueda lograr el desarrollo de un modelo valenciano propio de cámaras de comercio.

El socialista Javier Macho ha reivindicado el diseño de unas cámaras "útiles" para la economía valenciana, representativas de la realidad empresarial, sostenibles, económicamente transparentes en sus cuentas y funcionamiento, y con "limpieza" interna.

También deben estar "comprometidas con las exigencias del buen gobierno" y mantener el equilibrio en los sectores que comprenden, según Macho, quien ha recordado que el Estatuto de Autonomía concede a la Generalitat competencias en materia de cámaras "y eso nos hace responsables de su buen o mal funcionamiento".

Fran Ferri (Compromís) ha pedido que, más allá de adaptarse a la normativa estatal, se aproveche el debate parlamentario para diseñar "un modelo valenciano", mientras que Marga Sanz (EU) aboga por acabar con un modelo de cámaras "obsoleto" y poco participativo.

Para el diputado del PP Vicente Betoret el proyecto de ley de Cámaras es "enriquecedor" porque pretende "dar continuidad y viabilidad" a unas instituciones que tienen más de 120 años de existencia.

Ha valorado que la tramitación de esta norma arranca "de forma positiva" al no haberse presentado enmiendas a la totalidad, y ha reivindicado que lo que se busca es que estos organismo sigan existiendo, pues contribuyen a la vertebración del territorio y son "un instrumento importante para la economía y los sectores productivos".