VALENCIA. La nueva legislación urbanística valenciana anunciada este martes por la consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Vivienda, Isabel Bonig, agrupará en un solo texto normativo tres leyes actuales y dos reglamentos, al margen de adaptarlas a la ordenación medioamiental estatal.

Según explicaron fuentes oficiales de la consellería a ValenciaPlaza.com, el nuevo texto, para cuya elaboración la Generalitat se ha dado un margen de tiempo amplio (hasta año y medio, según reconoció Bonig) por la complejidad del proyecto, agrupará la reciente Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), la Ley de Evaluación Ambiental, el Reglamento de Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU) y el Reglamento Paisajístico, una ensalada de siglas que amparan toda una serie de normas pero especialmente de trámites que ahora corren por separado.

Precisamente la tramitación conjunta y paralela de los expedientes necesarios para desarrollar una actividad urbanística, especialmente los planes de actuación integral (PAI) pero también el desarrollo de infraestructuras, es uno de los objetivos que, según aseguró Bonig, persigue la unificación de la legislación. Se trata de evitar de esta forma que los permisos puramente urbanísticos y os vinculados al impacto ambiental lleguen de forma separada en el tiempo, afectando al desarrollo de los proyectos.

La normativa urbanística en la Comunitat Valenciana ha vivido hasta tres cambios significativos en un breve periodo de tiempo, a los que se han añadido distintas normativas o reglamentos para adecuar las leyes, lo que ha sido criticado por el sector. Sin embargo, la simplificación y racionalización de los trámites se va a encarar ahora, pese a significar una nueva modificación, aprovechando que la actividad inmobiliaria y de construcción está casi paralizada.

La propia consellera reconoció el martes cuando anunció la modificación que este es un buen momento, ya que no hay un volumen de expedientes como el de la época del boom inmobiliario. El plazo de año y medio de máximo que se marcó Bonig se espera que sea menor, si bien lo complejo de armonizar todas las normas y reducir los trámites requiere un estudio legal que, a tiempo que facilite los procesos para las empresas, no incurra en vacíos o puntos polémicos que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, provoquen largos conflictos judiciales sobre la corrección de las leyes. La propia LUV fue recurrida hasta el Tribunal Europeo de Justicia que acabó avalándola.