VALENCIA. Los servicios jurídicos de la Generalitat paralizaron semanas atrás el documento descriptivo de Sanidad que marcaba las pautas de cara al nuevo modelo de gestión compartido público-privado anunciado en este ámbito. Fuentes del sector consultadas por Valenciaplaza.com han señalado su "preocupación" por la demora de este borrador y las consecuencias que conlleve este retraso. 

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, anunció el pasado 14 de junio que el documento estaría listo esa misma semana y que, a la siguiente, se haría público. Unas manifestaciones que fuentes de la Generalitat consideran un "error de estrategia comunicativa" por parte del titular de la cartera.

La clave de que el documento siga congelado es que las trabas jurídicas son "graves", según señalan fuentes conocedoras del proceso, que apuntan a una revisión importante del documento. Aunque desde el Consell han reiterado que la retención del texto no implicará un retraso, esta paralización de casi un mes ha elevado la preocupación de las empresas interesadas en el modelo (más de 200 han apuntado su interés) porque estiman que se estrechará el margen para el proceso del diálogo competitivo en el que deben participar administración y compañías.

Atendiendo a los plazos previstos, este temor de las empresas parece justificado. Cuando se logren resolver los obstáculos jurídicos y el texto pase por el pleno del Consell, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se abrirá un plazo entonces de 37 días para recoger el interés de las empresas que quieran presentarse. El siguiente paso será la evaluación de dichas empresas y, tras comprobar que cumplen los requisitos establecidos, entrarán en el diálogo competitivo. En esta fase, también se contempla que pueda intervenir una consultora para coordinar el proceso. De hecho, la Conselleria de Sanidad se ha apoyado en PwC para elaborar el documento que todavía está siendo revisado por los servicios jurídicos.

Los pliegos definitivos se cerrarán tras el diálogo competitivo, para dar paso a las ofertas de las empresas y la futura adjudicación. Todo este proceso debe estar concluido antes del 30 de noviembre para que a principios de 2013 esté el nuevo modelo en marcha.

Así, con estos plazos trazados y el retraso en la aprobación del documento inicial, todo apunta a que el diálogo competitivo tendrá un margen de tiempo menor al previsto y deseado por las empresas. De hecho, desde la Conselleria de Sanidad no confirmaron a este diario que el texto descriptivo bloqueado en los servicios jurídicos salga adelante esta semana, lo que, sumado a los 37 días para la inscripción y evaluación de las empresas, enviarían el inicio del diálogo competitivo como mínimo a mediados septiembre: una fecha que ya ha manejado públicamente Rosado en los últimos días pero que apunta a retrasarse si la situación no se desatasca en los próximos días.

EL PAGO DEL CANON, OTRO DE LOS OBSTÁCULOS

Al margen de las dificultades jurídicas detectadas en el borrador presentado, el pago de la tasa por uso de las infraestructuras planeado por la conselleria tampoco tiene el camino despejado. Según fuentes de Sanidad, las empresas que entren en el modelo deberán afrontar un pago de 780 millones de euros repartido en las tres primeras anualidades. Este desembolso también ha sido puesto en tela de juicio desde la Abogacía de la Generalitat.

No obstante, fuentes del Consell consultadas por este diario admiten que, pese a que el primer pago de 360 millones de euros está reflejado en el Plan de Viabilidad que se envió al Ministerio de Hacienda, es una cantidad que podría flexibilizarse. "No es lo que más preocupa", recalcan.