VALENCIA. La propuesta de Francisco Camps durante el debate de investidura de reformar la ley electoral para que cada ciudadano pueda elegir a su propio diputado no es nueva. Ya aludió a ella en el debate de política autonómica en septiembre de 2010. Esta medida, basada en que los ciudadanos pudieran votar por nombre y apellidos a un candidato a Les Corts de su ámbito de residencia, genera rechazo por las formaciones minoritarias por favorecer el bipartidismo.

Si se elige un solo diputado en una determinada área, una comarca por ejemplo, es evidente que el Partido Popular y el PSPV tendrían grandísimas posibilidades de copar casi todos los escaños.

En lo que se refiere al plano legislativo, la reforma de la ley electoral implica una serie de pasos que deberían ser aprobados por Les Corts, con dos tercios de la cámara. Es decir, el PSPV tendría que apoyar la iniciativa. Otro de los conflictos que debería estudiarse tendría que ver con la compatibilidad de esta propuesta con la Constitución Española, que subraya la necesidad de "proporcionalidad" en las leyes electorales.

Por tanto, resulta un procedimiento complejo y poco ajustado a la realidad actual en la mayoría de territorios españoles y también del valenciano. Parece que la iniciativa lanzada a la palestra por Camps se asemeja más bien a un debate de aspecto ficticio que busca enmarañar al PSPV.

No obstante, el presidente de la Generalitat puso mucho empeño en recalcar las bondades de este método, basadas en la personalización de la política y la capacidad del ciudadano de interpelar al diputado al que vota sobre asuntos concretos. "Es hora de consolidar la función y la participación de los ciudadanos, ya que como legisladores su responsabilidad es impulsar las reformas que fomenten una mayor proximidad y conexión directa entre electores y diputado", subrayó.

Expertos consultados, como Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, coinciden en que una reforma como la planteada por Camps presentaría "problemas de constitucionalidad" que podrían resultar "salvables". Además, la medida podría exigir un cambio en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía ya que remarca el criterio de "proporcionalidad" para la ley electoral valenciana. Una reforma difícil de ajustar que, como admitió el propio Camps ayer, sería compleja de abordar.

En todo caso, sería más "justo y realista" un modelo mixto, según esboza Boix, en el que se eligiera un porcentaje de los 99 escaños de esa manera (por ejemplo el 50%), y que el resto se escogieran a través de listas cerradas pero con un listón electoral rebajado al 2,5 o 3%.