VALENCIA. El destino del conseller de Economía, Gerardo Camps, se ha convertido en una de las incógnitas por despejar en el futuro gobierno valenciano que deberá diseñar el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si logra la victoria electoral.

Días atrás, Valenciaplaza.com se hacía eco del malestar empresarial por las ausencias del titular de la cartera económica. Pese a valorar su gran capacidad, pesos pesados del escenario industrial valenciano apuntaban a la necesidad de un relevo en esta materia en el Consell.

Sus plegarias -o más bien exigencias-, pueden haber sido escuchadas. Dirigentes del PP consultados por este diario apuntan a que el futuro del titular de Economía se situaría en Madrid próximamente. Uno de los destinos barajados para Gerardo Camps es la presidencia de Les Corts, pero el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora le cierra el paso.

Fuentes populares consideran que, finalmente, el titular de Economía aceptará ser portavoz en Les Corts durante el inicio de la legislatura para encabezar después la lista al Congreso de los Diputados en 2012. La otra posibilidad es que Gerardo Camps decida aferrarse a la conselleria incrementando, de no existir un cambio radical, el malestar del empresariado valenciano. "No devuelve las llamadas. Lo tiene todo empantanado, hay muchos asuntos pendientes de resolver", llegaron a comentar a este diario. Esta es una de las quejas más escuchadas, la desatención a los empresarios por parte del conseller.

De confirmarse la entrada de Gerardo Camps como síndic, el actual portavoz parlamentario, el camaleónico Rafael Blasco, pasaría a dirigir una macroconselleria de peso, según apuntan las fuentes consultadas.

AVE PROTAGONIZA EL TOQUE DE ATENCIÓN A LOS PARTIDOS

Una muestra de descontento con la actual situación política-económica fue hecha pública recientemente por la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida por Vicente Boluda. Desde AVE, se descolgaron con un documento en el que se exigía el fin de la crispación política, el cese del despilfarro, el cierre de empresas públicas, se contemplara la fusión de ayuntamientos, la supresión de las diputaciones, y se acelerara el pago a los proveedores.

Desde AVE, puntualizaron que sus críticas no iban dirigidas "estrictamente" a la administración autonómica, sino también a las estructuras locales, provinciales y nacionales.